29/09/09
Encontraron un micrófono en el despacho de la jueza María Servini de Cubría
La jueza federal María Servini de Cubría halló, luego de una inspección hecha por oficiales de la Policía Federal, un micrófono en la caja telefónica de su despacho.
Ayer por la mañana en uno de los controles que realiza habitualmente la jueza en la oficina que tiene en la Planta Baja del Palacio de Tribunales, un subcomisario y un principal de la Policía Federal encontraron un micrófono en la caja telefónica del despacho de Servini de Cubría.
La jueza cree que la espían y por eso suele hacer "un barrido técnico" de sus dos despachos de tanto en tanto. Y esta vez halló un micrófono.
Según informaron fuentes judiciales, el dispositivo de escuchas se activaba al levantar el tubo para hacer o contestar un llamado. Además del micrófono, en la inspección se encontró que alguien había intentado abrir el cajón personal de la jueza en su escritorio. La llave estaba dentro de la cerradura, pero rota. Y se pudo establecer que la jueza había abierto ese cajón el viernes pasado.
Servini de Cubría presentó el acta del hallazgo y la declaración de los testigos, en el juzgado de Julián Ercolini, quien investiga el robo producido en mayo pasado en las oficinas de la jueza. Ahora Ercolini deberá determinar de dónde salió el micrófono hallado en Tribunales.
Los abogados que representan a la jueza quien se presentó como querellante en el expediente que lleva adelante Ercolini, Pablo Jacoby y el ex juez federal y camarista federal, Gabriel Cavallo.
Ayer por la mañana en uno de los controles que realiza habitualmente la jueza en la oficina que tiene en la Planta Baja del Palacio de Tribunales, un subcomisario y un principal de la Policía Federal encontraron un micrófono en la caja telefónica del despacho de Servini de Cubría.
La jueza cree que la espían y por eso suele hacer "un barrido técnico" de sus dos despachos de tanto en tanto. Y esta vez halló un micrófono.
Según informaron fuentes judiciales, el dispositivo de escuchas se activaba al levantar el tubo para hacer o contestar un llamado. Además del micrófono, en la inspección se encontró que alguien había intentado abrir el cajón personal de la jueza en su escritorio. La llave estaba dentro de la cerradura, pero rota. Y se pudo establecer que la jueza había abierto ese cajón el viernes pasado.
Servini de Cubría presentó el acta del hallazgo y la declaración de los testigos, en el juzgado de Julián Ercolini, quien investiga el robo producido en mayo pasado en las oficinas de la jueza. Ahora Ercolini deberá determinar de dónde salió el micrófono hallado en Tribunales.
Los abogados que representan a la jueza quien se presentó como querellante en el expediente que lleva adelante Ercolini, Pablo Jacoby y el ex juez federal y camarista federal, Gabriel Cavallo.
28/09/09
Un juez denunció a su compañero de Tribunal por "deterioro psicofísico"
Carlos Rozanski juez del Tribunal Oral de La Plata que condenó a perpetua al represor Miguel Etchecolatz, denunció ante el Consejo de la Magistratura "el deterioro psicofísico" de su compañero de trabajo, el juez Horacio Insaurralde.
Rozanski e Insaurralde y quien era juez subrogante, Norberto Lorenzo, condenaron no solo a Etchecolatz, sino también al cura y capellán militar, Christian von Wernich a reclusión perpetua por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Pero ahora Rozanski estima que esos dos juicios trascendentales "dejaron marcas, a mi entender indelebles, en el cuerpo y la mente del querido colega".
La presentación hecha este año por Rozanski ante el Consejo de la Magistratura señala que además de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal llevó adelante procesos por los homicidios de Diego Peralta y Santiago Miralles. Y eso contribuyó a acrecentar la situación de Insaurralde.
"Luego de esos juicios-continúa Rozanski- hacia finales del año pasado, fue posible percibir como se anticipara, un creciente deterioro psicológico en el colega. A esa fecha, aún se hallaba integrando el Tribunal como juez subrogante, el Dr. Norberto Lorenzo, colega y amigo de ambos. Fue él quien, advirtiendo, junto al suscripto el avance del deterioro, le sugirió (a Insaurralde) que aprovechara la jubilación que ya había tramitado, y comenzara un período de descanso y menor sujeción a situaciones de alto stress como la que implican los juicios criminales".
En su escrito, Rozanski se muestra misericordioso con su colega de 74 años, y resalta que "Si bien se podría elaborar una larga lista de personas que pueden dar fe de lo que aquí se se señala respecto del deterioro aludido, con el fin de preservar en lo posible al Dr. Insaurralde de cualquier tipo de humillación, solicito se cite para ser escuchados..." y dio una larga nómina de empleados y funcionarios judiciales que podrían dar fe sobre el deterioro de Insaurralde. Eso si, intentó evitarle la humillación.
Rozanski e Insaurralde y quien era juez subrogante, Norberto Lorenzo, condenaron no solo a Etchecolatz, sino también al cura y capellán militar, Christian von Wernich a reclusión perpetua por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Pero ahora Rozanski estima que esos dos juicios trascendentales "dejaron marcas, a mi entender indelebles, en el cuerpo y la mente del querido colega".
La presentación hecha este año por Rozanski ante el Consejo de la Magistratura señala que además de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos, el Tribunal llevó adelante procesos por los homicidios de Diego Peralta y Santiago Miralles. Y eso contribuyó a acrecentar la situación de Insaurralde.
"Luego de esos juicios-continúa Rozanski- hacia finales del año pasado, fue posible percibir como se anticipara, un creciente deterioro psicológico en el colega. A esa fecha, aún se hallaba integrando el Tribunal como juez subrogante, el Dr. Norberto Lorenzo, colega y amigo de ambos. Fue él quien, advirtiendo, junto al suscripto el avance del deterioro, le sugirió (a Insaurralde) que aprovechara la jubilación que ya había tramitado, y comenzara un período de descanso y menor sujeción a situaciones de alto stress como la que implican los juicios criminales".
En su escrito, Rozanski se muestra misericordioso con su colega de 74 años, y resalta que "Si bien se podría elaborar una larga lista de personas que pueden dar fe de lo que aquí se se señala respecto del deterioro aludido, con el fin de preservar en lo posible al Dr. Insaurralde de cualquier tipo de humillación, solicito se cite para ser escuchados..." y dio una larga nómina de empleados y funcionarios judiciales que podrían dar fe sobre el deterioro de Insaurralde. Eso si, intentó evitarle la humillación.
25/09/09
Kirchner imputado por una denuncia de Barrionuevo
El ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner fue imputado formalmente por el fiscal federal Eduardo Taiano en una investigación judicial en la que se trata de determinar si se falsificó el acta mediante la cual se intervino el Partido Justicialista de Catamarca en perjuicio de Luis Barrionuevo.
Barrionuevo se presentó ante la Justicia porque sospecha que varios de los firmantes del acta de intervención no estaban en Buenos Aires a la hora en la que se reunió la Mesa Nacional del Consejo Nacional Justicialista, que dispuso la intervención del distrito catamarqueño.
El sindicalista antikirchnerista señaló en la denuncia que varios de los que figuran como presentes en la reunión realizada-según las actas, el 5 de junio entre las 9 y las 11.30 de la mañana- estaban en sus respectivas provincias en plena campaña electoral. Barrionuevo señaló que no hubo quorum para tomar la decisión y que las firmas fueron agregadas a posteriori.
Entre los que no estuvieron en Olivos, el sindicalista señaló al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien un diario cuyano, estaba en su provincia y recibió propuestas económicas para la repavimentación de la Ruta Nacional 19.
Sobre el gobernador de Mendoza , Celso Jaque, Barrionuevo intenta demostrar que estuvo, según un portal de esa provincia, en San Carlos, del Departamento Valle de Uco, en campaña electoral.
El denunciante quiere determinar si Kirchner y el ministro Florencio Randazzo estaban en la reunión ya que ese día a las 11 llegaron a Mar del Plata en un helicóptero de la Prefectura Naval.
Taiano, que impulsó la investigación que está en el juzgado de Norberto Oyarbide, pidió una serie de medidas que el juez ha comenzado a realizar.
En su requerimiento de instrucción, en el que imputó a Kirchner y al apoderado del PJ, Jorge Landau por lo delitos de falsedad ideológica y uso de documento adulterado falso, el fiscal pidió, entre otras medidas:
* Que los medios certifiquen las publicaciones que Barrionuevo aportó como prueba.
* Que se allane la sede del PJ para acceder a la documentación.
* Que la Dirección de Ceremonial de la Quinta de Olivos o de la Casa Militar para que informe los ingresos y egresos de personas aquel 5 de junio.
* Que los gobiernos provinciales envíen copias de los decretos por los cuales los gobernadores que estuvieron en Olivos hicieron el traspaso de mando en sus respectivos distritos.
* Que la Fuerza Aérea Argentina informe si en los vuelos que se realizaron ese día viajaron algunos de los que estuvieron en Olivos.
* Que la Prefectura informe si Kirchner y Randazzo usaron un helicóptero de esa fuerza de Seguridad y el plan de vuelo.
* Que se haga una pericia caligráfica para determinar si las firmas del acta son verdaderas.
Barrionuevo se presentó ante la Justicia porque sospecha que varios de los firmantes del acta de intervención no estaban en Buenos Aires a la hora en la que se reunió la Mesa Nacional del Consejo Nacional Justicialista, que dispuso la intervención del distrito catamarqueño.
El sindicalista antikirchnerista señaló en la denuncia que varios de los que figuran como presentes en la reunión realizada-según las actas, el 5 de junio entre las 9 y las 11.30 de la mañana- estaban en sus respectivas provincias en plena campaña electoral. Barrionuevo señaló que no hubo quorum para tomar la decisión y que las firmas fueron agregadas a posteriori.
Entre los que no estuvieron en Olivos, el sindicalista señaló al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien un diario cuyano, estaba en su provincia y recibió propuestas económicas para la repavimentación de la Ruta Nacional 19.
Sobre el gobernador de Mendoza , Celso Jaque, Barrionuevo intenta demostrar que estuvo, según un portal de esa provincia, en San Carlos, del Departamento Valle de Uco, en campaña electoral.
El denunciante quiere determinar si Kirchner y el ministro Florencio Randazzo estaban en la reunión ya que ese día a las 11 llegaron a Mar del Plata en un helicóptero de la Prefectura Naval.
Taiano, que impulsó la investigación que está en el juzgado de Norberto Oyarbide, pidió una serie de medidas que el juez ha comenzado a realizar.
En su requerimiento de instrucción, en el que imputó a Kirchner y al apoderado del PJ, Jorge Landau por lo delitos de falsedad ideológica y uso de documento adulterado falso, el fiscal pidió, entre otras medidas:
* Que los medios certifiquen las publicaciones que Barrionuevo aportó como prueba.
* Que se allane la sede del PJ para acceder a la documentación.
* Que la Dirección de Ceremonial de la Quinta de Olivos o de la Casa Militar para que informe los ingresos y egresos de personas aquel 5 de junio.
* Que los gobiernos provinciales envíen copias de los decretos por los cuales los gobernadores que estuvieron en Olivos hicieron el traspaso de mando en sus respectivos distritos.
* Que la Fuerza Aérea Argentina informe si en los vuelos que se realizaron ese día viajaron algunos de los que estuvieron en Olivos.
* Que la Prefectura informe si Kirchner y Randazzo usaron un helicóptero de esa fuerza de Seguridad y el plan de vuelo.
* Que se haga una pericia caligráfica para determinar si las firmas del acta son verdaderas.
24/09/09
Albistur logró apartar al juez que lo había llamado a indagatoria
La sala I de la Cámara Federal porteña apartó hoy al juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid de la investigación sobre el modo en que el secretario de Medios de la Nación, Enrique "Pepe" Albistur, entregó pauta oficial a empresas vinculadas a su familia y sus colaboradores en la función pública.
Albistur había recusado a Aráoz de Lamadrid luego de que el juez llamara a indagatoria al funcionario que ha repartido la pauta oficial desde 2003 sin ninguna legislación que lo controle.
En un fallo dividido, los camaristas decidieron que Aráoz de Lamadrid no debe seguir al frente del caso. Jorge Ballestero y Eduardo Farah firmaron a favor del pedido de Albistur, en tanto Eduardo Freiler señaló que el juez debía quedarse al frente de la investigación.
La recusación de Albistur fue un intento por ganar tiempo ante el hecho de tener que presentarse a indagatoria. Y lo ha conseguido: ganó tiempo y además, se sacó de encima al juez que lo investiga, quien había rechazado la recusación. La investigación sobre la pauta oficial quedará en manos del juez federal Julián Ercolini.
Aráoz de Lamadrid es el juez que ha citado a indagatoria a dos funcionarios de la AFIP por el operativo de hace dos semanas en el diario Clarín.
Albistur había recusado a Aráoz de Lamadrid luego de que el juez llamara a indagatoria al funcionario que ha repartido la pauta oficial desde 2003 sin ninguna legislación que lo controle.
En un fallo dividido, los camaristas decidieron que Aráoz de Lamadrid no debe seguir al frente del caso. Jorge Ballestero y Eduardo Farah firmaron a favor del pedido de Albistur, en tanto Eduardo Freiler señaló que el juez debía quedarse al frente de la investigación.
La recusación de Albistur fue un intento por ganar tiempo ante el hecho de tener que presentarse a indagatoria. Y lo ha conseguido: ganó tiempo y además, se sacó de encima al juez que lo investiga, quien había rechazado la recusación. La investigación sobre la pauta oficial quedará en manos del juez federal Julián Ercolini.
Aráoz de Lamadrid es el juez que ha citado a indagatoria a dos funcionarios de la AFIP por el operativo de hace dos semanas en el diario Clarín.
23/09/09
21/09/09
Investigan a la obra social de camioneros por el manejo de los medicamentos
La Justicia avanza en la investigación del modo en que la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud, le entregó fondos a la Obra Social de Choferes de Camiones, para que pague los tratamientos complejos de sus afiliados.
El expediente que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadio, comenzó allá por finales de 2006 cuando a Hugo Moyano lo denunció su enemigo, Juan Pablo "Pata" Medina, el hombre fuerte de la UOCRA de La Plata. La denuncia hablaba de varios aspectos, pero en especial del manejo de los fondos de la APE en favor de los intereses particulares de la familia Moyano.
Para profundizar la investigación, el juez le mandó un oficio al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, para que informe cuánto dinero usó la APE desde 2003 a 2009.
El juez quiere conocer los montos anualizados de APE, el presupuesto, las misiones y funciones de la oficina pública y los directores de los programas que se llevaron adelante en estos años.
Pero la investigación de Bonadio no se queda sólo en el sector estatal: le pidió a la Obra Social que administra la familia Moyano que le informe cuáles fueron los tratamientos que le pagó la APE, cuánto fue el monto anual recibido por la Obra Social de Choferes de Camiones. Además el juez quiere conocer el detalle de cada tratamiento: nombre y número de afiliado de cada paciente, enfermedad padecida, y las respectivas rendiciones de cuentas en cada caso.
Para quienes conocen la entretela de las obras sociales sindicales, el pedido del juez se parece mucho a una auditoría externa de una de las cajas más preciadas por el sindicalismo. Y como se sabe, las obras sociales no están muy acostumbradas a las auditorías.
Vale la pena recordar que en varios juzgados federales se llevan adelante investigaciones sobre diferentes obras sociales. Se investiga -en algunos casos con certeza- que se han fraguado pacientes para cobrar de parte de la APE los reembolsos por los medicamentos.
Hoy fue a declarar el actual número uno de la APE, Hugo Sola, el miércoles próximo tiene que presentarse ante Bonadio, Juan Rinaldi, ex gerente general de APE y Superintendente de Servicios de Salud. En tanto el ex superintendente Héctor Capaccioli tendrá que presentarse ante el juez el viernes. El lunes de la semana próxima tendrá que pasar por Comodoro Py 2002 el actual superintendente Ricardo Bellagio.
El expediente que tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadio, comenzó allá por finales de 2006 cuando a Hugo Moyano lo denunció su enemigo, Juan Pablo "Pata" Medina, el hombre fuerte de la UOCRA de La Plata. La denuncia hablaba de varios aspectos, pero en especial del manejo de los fondos de la APE en favor de los intereses particulares de la familia Moyano.
Para profundizar la investigación, el juez le mandó un oficio al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, para que informe cuánto dinero usó la APE desde 2003 a 2009.
El juez quiere conocer los montos anualizados de APE, el presupuesto, las misiones y funciones de la oficina pública y los directores de los programas que se llevaron adelante en estos años.
Pero la investigación de Bonadio no se queda sólo en el sector estatal: le pidió a la Obra Social que administra la familia Moyano que le informe cuáles fueron los tratamientos que le pagó la APE, cuánto fue el monto anual recibido por la Obra Social de Choferes de Camiones. Además el juez quiere conocer el detalle de cada tratamiento: nombre y número de afiliado de cada paciente, enfermedad padecida, y las respectivas rendiciones de cuentas en cada caso.
Para quienes conocen la entretela de las obras sociales sindicales, el pedido del juez se parece mucho a una auditoría externa de una de las cajas más preciadas por el sindicalismo. Y como se sabe, las obras sociales no están muy acostumbradas a las auditorías.
Vale la pena recordar que en varios juzgados federales se llevan adelante investigaciones sobre diferentes obras sociales. Se investiga -en algunos casos con certeza- que se han fraguado pacientes para cobrar de parte de la APE los reembolsos por los medicamentos.
Hoy fue a declarar el actual número uno de la APE, Hugo Sola, el miércoles próximo tiene que presentarse ante Bonadio, Juan Rinaldi, ex gerente general de APE y Superintendente de Servicios de Salud. En tanto el ex superintendente Héctor Capaccioli tendrá que presentarse ante el juez el viernes. El lunes de la semana próxima tendrá que pasar por Comodoro Py 2002 el actual superintendente Ricardo Bellagio.
16/09/09
Quieren saber cómo era el patrimonio de Jaime antes de ser funcionario nacional
El fiscal federal Carlos Rívolo, quien investiga, junto al juez Norberto Oyarbide, cómo fue la evolución patrimonial del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quiere saber cómo era el patrimonio del ex funcionario cuando se desempeñó como viceministro de Educación en la Provincia de Córdoba.
En una serie de medidas que Rívolo le pidió a Oyarbide, solicitó que un juez cordobés le pida a la Oficina Anticorrupción de la provincia mediterránea la declaración jurada de 1999 cuando fue viceministro en Córdoba. Ese documento servirá para comparar cómo era su patrimonio antes de llegar a Buenos Aires como funcionario de Néstor Kirchner.
Entre las medidas solicitadas por Rívolo se pueden destacar:
-El pedido al Banco Central para que determine si Jaime, su ex mujer, sus hijas y las hijas de su esposa, tienen cuentas en los bancos de Argentina y sus movimientos.
-El pedido a varias líneas aéreas para saber si Jaime y su grupo familiar tenían cuentas corrientes en esas empresas, el modo en que pagaron los viajes y los destinos de los vuelos.
-El pedido a la Dirección Nacional de Migraciones para que informe todos los registros de viajes realizados por Manuel Vázquez, el asesor de Jaime, que aparece como dueño del avión matrícula N786YA que Jaime usaba como propio.
Rívolo también esta interesado en conocer cuánto paga Jaime de expensas en su departamento de Avenida del Libertador 654.
Y con respecto al yate que según se denunció, es de Jaime, Rívolo, pidió información a los Estados Unidos, sobre una sociedad radicada en ese país que aparece vinculada a la operación de compra de la nave.
En una serie de medidas que Rívolo le pidió a Oyarbide, solicitó que un juez cordobés le pida a la Oficina Anticorrupción de la provincia mediterránea la declaración jurada de 1999 cuando fue viceministro en Córdoba. Ese documento servirá para comparar cómo era su patrimonio antes de llegar a Buenos Aires como funcionario de Néstor Kirchner.
Entre las medidas solicitadas por Rívolo se pueden destacar:
-El pedido al Banco Central para que determine si Jaime, su ex mujer, sus hijas y las hijas de su esposa, tienen cuentas en los bancos de Argentina y sus movimientos.
-El pedido a varias líneas aéreas para saber si Jaime y su grupo familiar tenían cuentas corrientes en esas empresas, el modo en que pagaron los viajes y los destinos de los vuelos.
-El pedido a la Dirección Nacional de Migraciones para que informe todos los registros de viajes realizados por Manuel Vázquez, el asesor de Jaime, que aparece como dueño del avión matrícula N786YA que Jaime usaba como propio.
Rívolo también esta interesado en conocer cuánto paga Jaime de expensas en su departamento de Avenida del Libertador 654.
Y con respecto al yate que según se denunció, es de Jaime, Rívolo, pidió información a los Estados Unidos, sobre una sociedad radicada en ese país que aparece vinculada a la operación de compra de la nave.
Un juez le pide explicaciones a Echegaray por el operativo en Clarín
El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid intimó al director de la AFIP, Ricardo Echagaray, para que en 48 horas le envíe a su juzgado los originales de las actuaciones que fundamentaron el procedimiento realizado el jueves pasado en la sede del diario Clarín y en los domicilios de algunos de sus directivos.
El juez, que investiga el caso por el posible delito de abuso de autoridad, junto al fiscal Gerardo Pollicita, también pidió a Echegaray que le remita al juzgado el sumario administrativo en el que se investiga dentro de la AFIP cómo se realizó el operativo y quiénes fueron sus responsables.
La investigación judicial comenzó la semana anterior al operativo de la AFIP cuando el directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo, se presentó ante la Justici para denunciar intimidaciones. Entre las que denunció señaló, que le habían hecho llegar mensajes al Grupo en los que los alertaban de posibles procedimientos administrativos tributarios. El martes 8 de septiembre se recibieron en Clarín dos llamados anónimos que señalaban que iba a haber procedimientos tributarios en las casas de los directivos. Dos días después, Rendo fue a los Tribunales a ratificar personalmente la denuncia, requisito necesario para que una investigación comience.
Horas después del paso de Rendo por Tribunales, decenas de inspectores de la AFIP rodearon la sede central de Clarín. Ahora la Justicia investiga a la AFIP para saber cómo se realizó el procedimiento.
El juez, que investiga el caso por el posible delito de abuso de autoridad, junto al fiscal Gerardo Pollicita, también pidió a Echegaray que le remita al juzgado el sumario administrativo en el que se investiga dentro de la AFIP cómo se realizó el operativo y quiénes fueron sus responsables.
La investigación judicial comenzó la semana anterior al operativo de la AFIP cuando el directivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo, se presentó ante la Justici para denunciar intimidaciones. Entre las que denunció señaló, que le habían hecho llegar mensajes al Grupo en los que los alertaban de posibles procedimientos administrativos tributarios. El martes 8 de septiembre se recibieron en Clarín dos llamados anónimos que señalaban que iba a haber procedimientos tributarios en las casas de los directivos. Dos días después, Rendo fue a los Tribunales a ratificar personalmente la denuncia, requisito necesario para que una investigación comience.
Horas después del paso de Rendo por Tribunales, decenas de inspectores de la AFIP rodearon la sede central de Clarín. Ahora la Justicia investiga a la AFIP para saber cómo se realizó el procedimiento.
14/09/09
Otro policía procesado por integrar una banda de secuestradores
Enrique Omar Zabala estaba prófugo de la Justicia. Su último cargo en la Federal había sido el de subinspector y fue encontrado por otros policías federales en la casa de un pariente en Aldo Bonzi. Los agentes de Interpol lo hallaron y lo detuvieron. Lo buscaban por integrar una banda mixta de policías y barras de Vélez que secuestraron a un traficante de drogas para pedirle un rescate.
El caso explotó en marzo pasado y desde entonces fueron cayendo policías detenidos. Uno de los últimos en caer fue Zabala a quien el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó, la semana pasada, con prisión preventiva por los delitos de secuestro extorsivo y comercialización de estupefacientes.
Están detenidos de la comisaría 44 Walter Lucas, chofer, Héctor Miño, de la brigada, Patricio De Rose, y, por ahora en libertad Gastón Damianno (con falta de mérito apelada por el fiscal Federico Delgado). Prófugos están Cristian Galuzzi y Mariano Hierro, sindicados como hinchas de Vélez que colaboraron con la Federal para el secuestro. Y hay un detenido en Uruguay llamado Fernando Morales, también relacionado con Vélez.
La banda mixta secuestró a un hombre que tenía droga en su poder, pero en vez de detenerlo y someterlo a la Justicia, le pidieron que juntara dinero para el rescate. Jorge Díaz y Alejandro Romano fueron apretados por los policías y les exigieron un rescate. Díaz llamó a su amigo, el ex jugador de fútbol, Carlos Randazzo, quien se encargó de juntar algo de dinero. Pero el mismo tiempo se hizo la denuncia judicial y la División Antisecuestros comenzó a investigar. Los policías "que estaban al margen de la ley" se dieron cuenta de que los otros policías estaban por detenerlos y liberaron a Díaz.
El procesamiento de Zabala, además de por secuestro, es por comercializar drogas. Es que según los llamados telefónicos que fueron aportados al expediente, el hombre tenía algún que otro rebusque fuera de las horas de oficina. Cuando la Justicia abrió un maletín de Zabala, guardado en la comisaría 35 donde trabajaba, encontró un paquete de marihuana.
Zabala, en su descargo dijo que le había prestado su auto y su celular a Miño, otro de los integrantes de la banda. Pero el argumento se le cayó: el cruce de llamados entre su teléfono y el de Miño mostró que los dos funcionaban perfectamente a la hora del operativo. Y además, los policías de Antisecuestros lo reconocieron como quien manejaba su auto mientras trataban de terminar con el secuestro de Díaz.
El caso explotó en marzo pasado y desde entonces fueron cayendo policías detenidos. Uno de los últimos en caer fue Zabala a quien el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó, la semana pasada, con prisión preventiva por los delitos de secuestro extorsivo y comercialización de estupefacientes.
Están detenidos de la comisaría 44 Walter Lucas, chofer, Héctor Miño, de la brigada, Patricio De Rose, y, por ahora en libertad Gastón Damianno (con falta de mérito apelada por el fiscal Federico Delgado). Prófugos están Cristian Galuzzi y Mariano Hierro, sindicados como hinchas de Vélez que colaboraron con la Federal para el secuestro. Y hay un detenido en Uruguay llamado Fernando Morales, también relacionado con Vélez.
La banda mixta secuestró a un hombre que tenía droga en su poder, pero en vez de detenerlo y someterlo a la Justicia, le pidieron que juntara dinero para el rescate. Jorge Díaz y Alejandro Romano fueron apretados por los policías y les exigieron un rescate. Díaz llamó a su amigo, el ex jugador de fútbol, Carlos Randazzo, quien se encargó de juntar algo de dinero. Pero el mismo tiempo se hizo la denuncia judicial y la División Antisecuestros comenzó a investigar. Los policías "que estaban al margen de la ley" se dieron cuenta de que los otros policías estaban por detenerlos y liberaron a Díaz.
El procesamiento de Zabala, además de por secuestro, es por comercializar drogas. Es que según los llamados telefónicos que fueron aportados al expediente, el hombre tenía algún que otro rebusque fuera de las horas de oficina. Cuando la Justicia abrió un maletín de Zabala, guardado en la comisaría 35 donde trabajaba, encontró un paquete de marihuana.
Zabala, en su descargo dijo que le había prestado su auto y su celular a Miño, otro de los integrantes de la banda. Pero el argumento se le cayó: el cruce de llamados entre su teléfono y el de Miño mostró que los dos funcionaban perfectamente a la hora del operativo. Y además, los policías de Antisecuestros lo reconocieron como quien manejaba su auto mientras trataban de terminar con el secuestro de Díaz.
10/09/09
Un contribuyente de la campaña de Cristina Kirchner va a Juicio Oral por narcotraficante
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio oral y público de un caso de narcotráfico en el que está involucrado Julio César Pose, un ex agente de la SIDE, informante de la DEA y buche de la Policía Federal, que aportó 310 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Pose fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en una investigación por narcotráfico que comenzó en diciembre de 2003 cuando la Gendarmería fue alertada por la DEA de que se iba a realizar una venta de drogas cerca de ATC.
Los gendarmes detuvieron a Carlos Cogno, Fredy Ríos y Virgilio Valdéz, quienes al momento del procedimiento llevaban 40 kilos de cocaína. Uno de los detenidos señaló ante la Justicia que en el calabozo faltaba un integrante de la organización: Julio César Pose.
Es que Pose era quien participó de la operación y delató a los narcotraficantes que se movían por el Norte del país. Casualmente Pose no quedó detenido.
Pose, según comprobó la Justicia, fue agente de la SIDE en 2002 y trabajó como agente encubierto de la DEA. Inclusive, los memoriosos recuerdan que, mientras lo buscaba la Justicia por este caso, la DEA lo protegió cuando estaba en Bariloche y pudo escapar de las autoridades policiales.
Luego de que zafara de la Ley en el sur argentino, fue detenido por orden de Bonadio quien lo consideró un integrante de la banda que tenía las drogas. Actualmente goza de la libertad porque fue excarcelado. Pose llegará a juicio oral, procesado por el artículo 5ª,inciso C de la Ley 23.737 que estipula una pena de cinco a quince años de prisión a quien "comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte".
Pose, además de haber puesto dinero en la campaña presidencial de Cristina, está relacionado con Néstor Lorenzo, empresario bajo investigación por la llamada "mafia de los medicamentos". Y para redondear un buen prontuario, tenía una relación cercana con Sebastián Forza, uno de los asesinados en el Triple Crimen de General Rodríguez.
Pose fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio en una investigación por narcotráfico que comenzó en diciembre de 2003 cuando la Gendarmería fue alertada por la DEA de que se iba a realizar una venta de drogas cerca de ATC.
Los gendarmes detuvieron a Carlos Cogno, Fredy Ríos y Virgilio Valdéz, quienes al momento del procedimiento llevaban 40 kilos de cocaína. Uno de los detenidos señaló ante la Justicia que en el calabozo faltaba un integrante de la organización: Julio César Pose.
Es que Pose era quien participó de la operación y delató a los narcotraficantes que se movían por el Norte del país. Casualmente Pose no quedó detenido.
Pose, según comprobó la Justicia, fue agente de la SIDE en 2002 y trabajó como agente encubierto de la DEA. Inclusive, los memoriosos recuerdan que, mientras lo buscaba la Justicia por este caso, la DEA lo protegió cuando estaba en Bariloche y pudo escapar de las autoridades policiales.
Luego de que zafara de la Ley en el sur argentino, fue detenido por orden de Bonadio quien lo consideró un integrante de la banda que tenía las drogas. Actualmente goza de la libertad porque fue excarcelado. Pose llegará a juicio oral, procesado por el artículo 5ª,inciso C de la Ley 23.737 que estipula una pena de cinco a quince años de prisión a quien "comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte".
Pose, además de haber puesto dinero en la campaña presidencial de Cristina, está relacionado con Néstor Lorenzo, empresario bajo investigación por la llamada "mafia de los medicamentos". Y para redondear un buen prontuario, tenía una relación cercana con Sebastián Forza, uno de los asesinados en el Triple Crimen de General Rodríguez.
Monzer Al Kassar condenado a cinco años de prisión
El traficantes de armas sirio, Monzer Al Kassar fue condenado por el juez federal argentino, Marcelo Martínez De Giorgi a cinco años de prisión por dos delitos cometidos en la década del 90 cuando tramitó la ciudadanía y los documentos argentinos.
Martínez De Giorgi condenó a Monzer Al Kassar por "falsedad ideológica del certificado de admisión de residencia permanente y por ser coautor de la falsedad ideológica de la carta de ciudadanía" a cinco años de prisión mientras que a su cómplice, Abdon Adur, a tres años de prisión. La investigación la condujeron el juez y el fiscal federal Carlos Rívolo.
La condena se firmó tres meses después de la entrevista que tuvo el juez con Al Kassar en una cárcel de Estados Unidos.
Al Kassar se sacó la foto para los documentos en la Casa Rosada y el ex presidente Carlos Menem le facilitó el saco necesario para el retrato.
Martínez De Giorgi condenó a Monzer Al Kassar por "falsedad ideológica del certificado de admisión de residencia permanente y por ser coautor de la falsedad ideológica de la carta de ciudadanía" a cinco años de prisión mientras que a su cómplice, Abdon Adur, a tres años de prisión. La investigación la condujeron el juez y el fiscal federal Carlos Rívolo.
La condena se firmó tres meses después de la entrevista que tuvo el juez con Al Kassar en una cárcel de Estados Unidos.
Al Kassar se sacó la foto para los documentos en la Casa Rosada y el ex presidente Carlos Menem le facilitó el saco necesario para el retrato.
08/09/09
Un ex banquero del JP Morgan debe ser investigado en Estados Unidos
Hernán Arbizu trabajaba para el JP Morgan de Nueva York captando fondos de millonarios de América Latina. Era vicepresidente de la banca privada JP Morgan Chase Bank de Nueva York y confesó ante la Justicia argentina haber sacado de la cuenta de un cliente de ese banco y de otro de la Unión de Bancos Suizos (USB) más de dos millones de dólares.
Su estrategia judicial fue presentarse en los Tribunales argentinos para evitar ser juzgado en Estados Unidos, país que ya pidió su extradición.
La Cámara Federal falló en contra de la pretensión de Arbizu: decidió que, tal como lo había determinado el juez federal Sergio Torres, la Justicia argentina no debe intervenir en el caso. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que "Es que, surge del expediente y hasta de la propia versión del hecho brindada por Arbizu, que la maniobra mediante la cual se lograron dichas transferencias se habría desarrollado en Nueva York, Estados Unidos (donde se encontraban radicadas y administraban las cuentas) y en Asunción, Paraguay (desde donde el nombrado habría transmitido vía fax en uno de los casos las órdenes con firmas falsas), y que el resultado de la acción -concepto que no cabe confundir con la lesión al bien jurídico y que en este supuesto se identifica con el desplazamiento patrimonial-, por las razones ya apuntadas, también se verificó en el primero de aquellos países".
Arbizu se presentó en junio del año pasado ante la Justicia y contó sus maniobra y al mismo tiempo reveló nombres de clientes argentinos que tenían cuentas en el exterior. Ahora el ex banquero debe esperar la decisión de la Cámara de Casación a la que recurrió para intentar modificar la determinación que tomó la Cámara Federal.
Su estrategia judicial fue presentarse en los Tribunales argentinos para evitar ser juzgado en Estados Unidos, país que ya pidió su extradición.
La Cámara Federal falló en contra de la pretensión de Arbizu: decidió que, tal como lo había determinado el juez federal Sergio Torres, la Justicia argentina no debe intervenir en el caso. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que "Es que, surge del expediente y hasta de la propia versión del hecho brindada por Arbizu, que la maniobra mediante la cual se lograron dichas transferencias se habría desarrollado en Nueva York, Estados Unidos (donde se encontraban radicadas y administraban las cuentas) y en Asunción, Paraguay (desde donde el nombrado habría transmitido vía fax en uno de los casos las órdenes con firmas falsas), y que el resultado de la acción -concepto que no cabe confundir con la lesión al bien jurídico y que en este supuesto se identifica con el desplazamiento patrimonial-, por las razones ya apuntadas, también se verificó en el primero de aquellos países".
Arbizu se presentó en junio del año pasado ante la Justicia y contó sus maniobra y al mismo tiempo reveló nombres de clientes argentinos que tenían cuentas en el exterior. Ahora el ex banquero debe esperar la decisión de la Cámara de Casación a la que recurrió para intentar modificar la determinación que tomó la Cámara Federal.
07/09/09
El secretario de Obras Públicas investigado por enriquecimiento ilícito
José Francisco López, el secretario de Obras Públicas y número dos del ministerio de Planificación, seguirá bajo investigación por enriquecimiento ilícito. Así lo determinó la Cámara Federal porteña la semana pasada.
La defensa de López había pedido que no lo investigaran por enriquecimiento ilícito porque el funcionario ya había sido investigado por el mismo delito y su causa archivada en febrero de 2008.
Sobre López hubo una investigación que comenzó en 2006 porque se había denunciado que en la declaración jurada aparecían los bienes declarados a valor fiscal y no a valor de mercado. Esa investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Di Masi que pidió el archivo del expediente porque la Ley establece que se pueden declarar los bienes a valor fiscal. El juez federal Daniel Rafecas decidió, entonces, el archivo del expediente.
En julio de 2008 un abogado denunció a varios funcionarios K por enriquecimiento ilícito, entre ellos estaba López. La causa le cayó nuevamente a Rafecas pero, esta vez junto al fiscal Federico Delgado. La defensa de López pidió que no lo investigaran porque ya había sido pasado por el tamiz de la Justicia. El fiscal Delgado señaló que debía ser investigado a partir del año 2005, porque desde 2003 a 2005 fue el período analizado en el primer expediente. Pero Rafecas decidió que había que investigarlo. La apelación llegó a la Sala II de la Cámara Federal que decidió la semana pasada: López debe ser investigado por enriquecimiento ilícito. Dos camaristas, Horacio Cattani y Martín Irurzun determinaron que lo investigado antes se limitaba a los montos de los inmuebles, pero que no se había investigado el incremento patrimonial. El tercer juez, Eduardo Farah, votó en disidencia ya que para él, López ya había sido investigado. Lo cierto es que el hombre que manejó junto a Julio De Vido la obra pública durante el kirchnerismo tendrá que explicar el modo en que crecieron sus bienes.
La defensa de López había pedido que no lo investigaran por enriquecimiento ilícito porque el funcionario ya había sido investigado por el mismo delito y su causa archivada en febrero de 2008.
Sobre López hubo una investigación que comenzó en 2006 porque se había denunciado que en la declaración jurada aparecían los bienes declarados a valor fiscal y no a valor de mercado. Esa investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Di Masi que pidió el archivo del expediente porque la Ley establece que se pueden declarar los bienes a valor fiscal. El juez federal Daniel Rafecas decidió, entonces, el archivo del expediente.
En julio de 2008 un abogado denunció a varios funcionarios K por enriquecimiento ilícito, entre ellos estaba López. La causa le cayó nuevamente a Rafecas pero, esta vez junto al fiscal Federico Delgado. La defensa de López pidió que no lo investigaran porque ya había sido pasado por el tamiz de la Justicia. El fiscal Delgado señaló que debía ser investigado a partir del año 2005, porque desde 2003 a 2005 fue el período analizado en el primer expediente. Pero Rafecas decidió que había que investigarlo. La apelación llegó a la Sala II de la Cámara Federal que decidió la semana pasada: López debe ser investigado por enriquecimiento ilícito. Dos camaristas, Horacio Cattani y Martín Irurzun determinaron que lo investigado antes se limitaba a los montos de los inmuebles, pero que no se había investigado el incremento patrimonial. El tercer juez, Eduardo Farah, votó en disidencia ya que para él, López ya había sido investigado. Lo cierto es que el hombre que manejó junto a Julio De Vido la obra pública durante el kirchnerismo tendrá que explicar el modo en que crecieron sus bienes.
06/09/09
Tristeza tein fin
Ya está, se perdió un partido que fue vivido con demasiado dramatismo previo como para que el primer error no implicara una debacle de autoestima y confianza en el propip juego. Ahora hay que pensar en el próximo rival, en sus jugadores, en sus fortalezas y debilidades, incluyendo ciertamente las jugadas con pelota parada que fueron un recurso tan sencillo como efectivo para los brasileños. No hay tiempo para depresiones ni siquiera para auto flagelaciones. Los errores cometidos en Rosario, los defensivos y los otros, fueron proporcionales a la inexperiencia de un cuerpo técnico que carecía y carece de las credenciales como para conducir un equipo con tantas individualidades fuertes y con tan poco tiempo de trabajo. Por lo menos Jesús cumplió en su debut. Pero Dios tiene aún que demostrar que está a la altura de las circunstancias.
Pd: si la idea era no marcar en los centros, Diego perfectamente podría haber llamado a Cabral, Nico Sanchez o cualquier otro defensor de River así yo no pasaba papelones cuando mi hijo me preguntó qué jugador de la selección era del Millo...
Por Sergio Berensztein, director de Poliarquía Consultores.
Pd: si la idea era no marcar en los centros, Diego perfectamente podría haber llamado a Cabral, Nico Sanchez o cualquier otro defensor de River así yo no pasaba papelones cuando mi hijo me preguntó qué jugador de la selección era del Millo...
Por Sergio Berensztein, director de Poliarquía Consultores.
03/09/09
Denuncian a dos comisarías por proteger un prostíbulo en el barrio de Flores
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi denunció a las comisarías 38ª y 50ª de la Policía Federal por encubrir a un prostíbulo del barrio de Flores.
La historia comenzó el 2 de julio pasado con un llamado a la línea 911 de la Provincia de Buenos Aires, en la que se denunciaba que en la calle Fray Cayetano Rodríguez 120 había una chica secuestrada y forzada a ejercer la prostitución.
El juez le ordenó a la comisaría 38ª que hiciera tareas de investigación para averiguar si era cierto lo denunciado. Los primero policías informaron que era una casa de familia. El juez le pidió la misma información a la comisaría 50ª porque el lugar estaba en su jurisdicción. Y la otra comisaría informó lo mismo, que en ese lugar vivía una mujer "ama de casa" de 39 años.
Pero la secretaria del juzgado, Vanesa Riseti, amplió la investigación y pidió información a la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación. Allí le confirmaron que había unas cuarenta denuncias por prostitución vinculadas a ese domicilio.
Pero allí no terminó el caso: la secretaria entró a Google y escribió el nombre con el que se conoce al lugar: "La Casona de Flores". El buscador le devolvió imágenes inconfundibles: era un servicio de acompañantes. Además, el juez le ordenó a la Gendarmería que investigara en el lugar. Y en menos de 24 horas señalaron que en el lugar trabajan "tres jóvenes, que dicen tener entre 23 y 25 años, ofreciendo servicios sexuales a los ocasionales clientes" y "que los precios de la actividad dependían del tipo de servicios requeridos, oscilando entre los 30 y los 100 pesos". Es decir que la Gendarmería halló lo que dos comisarías de la Federal no vieron. Un prostíbulo.
Debido a esto el juez denunció la situación de las dos comisarías que ocultaron la actividad de prostitución que se desarrollaba en la casa de Flores.
La denuncia de Martínez de Giorgi cayó en el juzgado de Octavio Aráoz de Lamadrid y la investiga junto al fiscal Gerardo Pollicita.
La historia comenzó el 2 de julio pasado con un llamado a la línea 911 de la Provincia de Buenos Aires, en la que se denunciaba que en la calle Fray Cayetano Rodríguez 120 había una chica secuestrada y forzada a ejercer la prostitución.
El juez le ordenó a la comisaría 38ª que hiciera tareas de investigación para averiguar si era cierto lo denunciado. Los primero policías informaron que era una casa de familia. El juez le pidió la misma información a la comisaría 50ª porque el lugar estaba en su jurisdicción. Y la otra comisaría informó lo mismo, que en ese lugar vivía una mujer "ama de casa" de 39 años.
Pero la secretaria del juzgado, Vanesa Riseti, amplió la investigación y pidió información a la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación. Allí le confirmaron que había unas cuarenta denuncias por prostitución vinculadas a ese domicilio.
Pero allí no terminó el caso: la secretaria entró a Google y escribió el nombre con el que se conoce al lugar: "La Casona de Flores". El buscador le devolvió imágenes inconfundibles: era un servicio de acompañantes. Además, el juez le ordenó a la Gendarmería que investigara en el lugar. Y en menos de 24 horas señalaron que en el lugar trabajan "tres jóvenes, que dicen tener entre 23 y 25 años, ofreciendo servicios sexuales a los ocasionales clientes" y "que los precios de la actividad dependían del tipo de servicios requeridos, oscilando entre los 30 y los 100 pesos". Es decir que la Gendarmería halló lo que dos comisarías de la Federal no vieron. Un prostíbulo.
Debido a esto el juez denunció la situación de las dos comisarías que ocultaron la actividad de prostitución que se desarrollaba en la casa de Flores.
La denuncia de Martínez de Giorgi cayó en el juzgado de Octavio Aráoz de Lamadrid y la investiga junto al fiscal Gerardo Pollicita.
02/09/09
01/09/09
Allanamientos por una de las investigaciones sobre Jaime
El juez federal Claudio Bonadio ordenó varios allanamientos a firmas de taxis aéreos que están incluidas en la investigación en la que se trata de determinar si el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recibió dádivas de empresas privadas que pagaban sus vuelos.
Una de las firmas allanadas es la de la familia Macri, Mac Air, que transportó varias veces a Jaime y alguno de sus familiares entre 2006 y 2008. La investigación que llevan adelante Bonadio y el fiscal federal Guillermo Marijuan, comenzó con una denuncia de quien fuera fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
Según fuentes judiciales, los funcionarios del juzgado de Bonadio reclamaron en las empresas todos los planes de vuelo de sus aviones desde el 2006 al 2008. En esta causa se investiga el pago que realizaron varias empresas vincualdas con la industria del transporte, al secretario de Estado que debía controlarlas.
Una de las firmas allanadas es la de la familia Macri, Mac Air, que transportó varias veces a Jaime y alguno de sus familiares entre 2006 y 2008. La investigación que llevan adelante Bonadio y el fiscal federal Guillermo Marijuan, comenzó con una denuncia de quien fuera fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
Según fuentes judiciales, los funcionarios del juzgado de Bonadio reclamaron en las empresas todos los planes de vuelo de sus aviones desde el 2006 al 2008. En esta causa se investiga el pago que realizaron varias empresas vincualdas con la industria del transporte, al secretario de Estado que debía controlarlas.
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