Indagatoria para Romano

Rubén Darío Romano es un hombre vinculado a los negocios del PAMI .
La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, lo denunció en reiteradas ocasiones, cuando estaba en PAMI, por defraudaciones contra la Obra Social de los Jubilados. Por una de esas denuncias, Romano será indagado el próximo 22 de septiembre.
Así lo dispuso el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, quien investiga el manejo de fondos aportados por el PAMI para cubrir los gastos médicos de los jubilados que fueron desviados hacia cuentas personales.
La denuncia de Ocaña puso al descubierto un entramado de sociedades anónimas en las que casi siempre estaba Romano o alguno de sus allegados, que cobraban las cápitas del PAMI para atender a los jubilados. Pero parte del dinero pagado por el Estado terminaba en, por ejemplo, la Cooperativa de Crédito y Vivienda Lanús Limitada y por la financiera Walfox S.A.
Cómo es que el dinero del PAMI terminó en una financiera: las empresas que recibían los pagos, vinculadas a Romano, le pedían préstamos a la financiera, también vinculada a Romano. El círculo de dinero se cerraba pero en detrimento de la atención de los jubilados. Como parte de esa investigación se llegó a las cuentas bancarias de Romano y se demostró que había hecho transferencias a las Islas Caimán, que había recibido enormes sumas de dinero relacionadas con el negocio de la salud. Además se detectó que uno de sus asociados había movido fondos por más de 20 millones de pesos y medio millón de dólares. Por eso Romano y diez personas más tendrán que dar explicaciones frente un juez y a un fiscal federal.

Rubén Romano.Foto: Diario Perfil.

Palermo y Ortega

Martín Palermo y Ariel Ortega demostraron ayer que todavía pueden. Al primero lo apretaron en un entrenamiento durante la semana y el domingo respondió como sabe, con un gol que determinó el triunfo frente a Lanús. Al segundo le tiraron casi toda la responsabilidad encima por el mal comienzo de campeonato de River, y el domingo respondió: asistencia para el tercero y definición orteguiana para el cuarto: 4 a 3 frente a Chaca. Son dos jugadores diferentes, grandes, que, como ha quedado demostrado, cuando las papas queman, están ahí para sacarlas.

Por el Caso Skanska investigan los llamados telefónicos del ministerio de Planificación

El juez federal Norberto Oyarbide a cargo de la investigación del Caso Skanska pidió a la Jefatura de Gabinete que le informe todos los números de teléfonos fijos y celulares que usaron desde 2004 a 2006 el Ministro de Planificación, Julio De Vido, los secretarios, subsecretarios y directores de ese ministerio.
El pedido de Oyarbide se produjo luego de la declaración del martes pasado en la que Adrián Félix López, el hombre que encabezaba la firma que emitió las facturas truchas con las que la firma Skanska disimuló las coimas que se pagaron por la construcción de gasoductos.
López había dicho en la página Online-911 que el contacto entre el Gobierno y la estructura de facturas truchas era Néstor Ulloa, quien encabezaba Nación Fideicomisos, y que se había reunido con un funcionario de Planificación. Aunque no reveló el nombre.
Según López, imputado en la causa, con ese funcionario "hablamos de cifras, de montos, de las empresas que ellos necesitaban para hacer todo el enjuague".
El pedido de los números telefónicos es el primer paso para ordenar luego un cruce de llamados entre López y los funcionarios del ministerio que encabeza Julio De Vido. En fuentes allegadas al caso se señala a un subsecretario, de absoluta confianza de De Vido como la persona que se habría sentado a dialogar con López.
El juez Oyarbide también pidió al juez Penal Tributario, Javier López Biscayart que investiga el Caso Skanska desde el punto de la evasión impositiva, que le envíe las declaraciones indagatorias de López. Es que López, en su declaración del martes pasado reconoció como propias las declaraciones publicadas en Online-911 y se remitió a todo lo que había declarado ante López Biscayart.

Se mueve el caso de la asociación ilícita que, para Carrió, encabeza Kirchner

El juez federal Julián Ercolini pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN)los informes en los que se explica, de modo crítico, los contratos de obra pública en los que fueron beneficiados empresarios cercanos al kirchnerismo.
El juez investiga, junto al fiscal Gerardo Pollicita, a Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, Cristóbal López, Lázaro Báez y Rudy Ulloa, entre otros, por integrar una asociación ilícita, tal como lo denunció Elisa Carrió.
Los informes de la AGN fueron incorporados en la investigación por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, quien señaló al empresario Juan Carlos Relats como uno -pero no el único- de los favorecidos por el manejo de la obra pública por parte de la administración kirchnerista.
El empresario Relats, es quien le alquila a los Kirchner el Hotel Los Sauces en El Calafate y contribuye con varios millones de pesos para el incremento del patrimonio del matrimonio presidencial. También tiene contratos de explotación de rutas y obra pública. En los informes de la AGN se cuestionan algunos de esos contratos.
Relats, como otros imputados en la causa ha designado, abogado: lo defiende el penalista Joaquín Da Rocha.
Otra de las medidas que realizó Ercolini, fue enviar la denuncia realizada por los dirigentes de la Coalición Cívica sobre el enriquecimiento del matrimonio Kirchner, al juzgado de Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo una investigación sobre el mismo asunto.

Todo lo que dijo Carlos Colunga sobre el avión que usaba Ricardo Jaime

Carlos Benjamín Colunga López es español, tiene 64 años y es el director de la empresa Mac Air Jet y declaró en tres ocasiones ante el juez Norberto Oyarbide, quien, junto al fiscal Carlos Rívolo, investiga el uso del avión Lear Jet N786YA por parte del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Colunga fue a Tribunales el 29 y 30 de julio y el 18 de agosto pasados.
El testimonio de Colunga es importante porque no deja lugar a dudas acerca de que el dueño del avión es Manuel Vázquez, un hombre muy cercano a Ricardo Jaime.
En las tres declaraciones ante la Justicia el empresario dijo:
Que tiene pedido desde noviembre pasado una autorización para explotar un avión y aún no ha recibido contestación de la Secretaría.
Que nunca vio una una secretaría manejada de dicha manera, donde tarden tanto para autorizar una explotación comercial de un avión.
Que sólo vio una vez a Jaime, en una audiencia.
Que Jaime voló como pasajero en aviones de su empresa.
Que Manuel Vázquez le contrataba vuelos porque era un alto directivo de Bunge y Born.
Que no le consta que Vázquez y Jaime tuvieran contacto.
Que le ofreció a Vázquez los servicios de Mac Air para traer el avión a la Argentina.
Que le ofreció a Vázquez los servicios del piloto Enrique García Moreno y del ingeniero Jorge Arbaiza para traer y revisar el avión.
Que todos los gastos los pagó Vázquez.
Que Mac Air puso los vouchers para comprar el combustible y luego le reintegraron el dinero.
Que todas las atenciones con Vázquez eran para que una vez llegado a la Argentina le dieran a su empresa la explotación del avión.
Que una vez que llegó el avión a Buenos Aires no volvieron a llamarlo.
Que cree que algunos honorarios no los pagaron.
Que cuando el avión llegó a la Argentina rompieron la relación y se lo dieron a la competencia.
Que durante el vuelo, el avión gastó 10 mil litros de combustible a un dólar por litro. Que Vázquez le pagó en efectivo cerca de 10 mil dólares por los vouchers de combustible.
Que el avión tenía el parabrisas rajado y otras fallas menores y hubo que repararlo antes de traerlo.
Que las reparaciones totales antes de traerlo costaron 200 mil dólares.
Que Vázquez había intentado que le trajeran el avión otras dos compañías pero que fracasaron.
Que los gastos del viaje del piloto y el ingeniero los pagó Vázquez y los pasajes los emitió la agencia Tendencia Viajes.
Que Manuel Vázquez tiene unos 65 años, de contextura física gordo, que siempre anda muy bien vestido con ropa importada, que la mayoría del tiempo usa trajes color azul, usa anteojos, es calvo, con relojes muy buenos. Y que usa un Mercedez Benz muy nuevo.
Que Vázquez nunca le dijo que el avión era para Jaime.
Que Julián Vázquez le dijo que no quería seguir en contacto con al empresa Mac Air porque le pareció alto el precio del combustible y de las reparaciones.
Que una de las condiciones que le puso Mac Air para explotar el avión es que se conozca quiénes son los integrantes de la sociedad dueña de la nave.
Que ante las condiciones que le puso Vázquez le dijo "yo soy amigo del Secretario de transporte yo lo soluciono, hablo con el secretario y lo soluciono".

Programa del 24 de agosto

El juez que lo investiga, le contestó a Albistur

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid se opuso a la recusación que planteó la semana pasada el secretario de Medios de la Nación, Enrique "Pepe" Albistur. En un escrito de seis carillas y media, Aráoz de Lamadrid consideró "absolutamente improcedente" el intento de apartarlo de la investigación por la entrega de pauta oficial que Albistur le envió a empresas vinculadas con su familia y sus subordinados.
Albistur, mediante sus abogados, León Arslanián y Carlos Beraldi,
había planteado que Aráoz de Lamadird se tenía que apartar porque no era idóneo y no había sido imparcial.
El juez les contestó que "bajo el ropaje de “recusación”, los letrados han intentado una suerte de “apelación” contra el llamado indagatoria de Enrique Raúl Albistur para el 2 de septiembre, dispuesto el 11 de agosto del corriente año: una forma de impugnación no contemplada en nuestro ordenamiento procesal pues, si bien es cierto que el llamado a indagatoria exige motivo bastante de sospecha, es una facultad del juez disponerla y no es susceptible de ser recurrida"
Y el juez hizo referencia a la crítica que le hicieron los abogados de Albistur por su desempeño en el concurso para ser juez.
"Si no fuera así( que tengan la intención de evitar la indagatoria), no entiendo por qué impugnan mi actuación por falta de idoneidad en este momento del proceso, cuando hace dieciséis meses que tramito el expediente, aún antes de la anulación del concurso para ocupar la titularidad del juzgado que subrogo (es decir, cuando estaba vigente el famoso “1”). En esa oportunidad no temieron mi imparcialidad cuando no existía ninguna expectativa objetiva de ganar el cargo que ejerzo transitoriamente. Tampoco cuestionaron mi idoneidad frente a distintas publicaciones periodísticas descalificatorias de antigua data, en importantes medios gráficos".
El juez que llamó a indagatoria a Albistur para el 2 de septiembre, dijo que "Es que la verdadera intención de los letrados es evitar que su pupilo judicial comparezca ante estos estrados a prestar declaración indagatoria por la trascendencia pública del acto, algo que no me resulta ajeno, pero que no puede modificar mi conducta en el proceso, pues si entiendo que existen motivos Para sospechar que Enrique Raúl Albistur ha participado en la comisión de un hecho delictivo, debo actuar según mi íntima convicción y ejercer la magistratura que me ha sido confiada".

La jubilación de Néstor Kirchner

Por O.L
Una consulta al sistema Registro Único de Beneficiarios (RUB) de la Administración Nacional de la Seguridad Social, (ANSES), permite revelar cuál es la jubilación exacta que recibe Néstor Carlos Kirchner por haber sido presidente de la Nación. El total mensual percibido por Kirchner en agosto de 2009 fue de 24.762,17 pesos.
El haber mensual es de 17.325,81 pesos, a eso hay que agregar los 4024,92 pesos que recibe por antigüedad (correspondiente también a los que son ministros, secretarios y subsecretarios), por el llamado Complemento Presidente suma 2000 pesos y por compensación jerárquica recibe 2839,75 pesos. A todo eso hay que descontarle los 1428,31 pesos de Obra Social.
El alta del trámite jubilatorio se realizó en febrero de 2008 y el pago lo percibe en una cuenta del Banco Patagonia S.A.

Investigan a un integrante de la pingüinera

La Justicia federal investiga a Lucas Olazagasti, hermano del secretario de Julio De Vido, José María Olazagasti, por su relación con un hombre que se hacía pasar por funcionario público y extorsionaba a comerciantes.
Cuando Francisco Astorino fue denunciado y luego detenido por hacerse pasar por funcionario público quedó claro que hacía tareas por encargo de gente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF). Por lo menos eso fue lo que dijo en su declaración indagatoria: "Que su jefe era Lucas Olazagasti, a quien describió como hermano del secretario de Julio De Vido y de Cristina Kirchner". Y ahora está confirmado por la Justicia: Olazagasti es asesor de la ADIF.
La ADIF había denunciado a Astorino cuando se presentó un comerciante a reclamar por las prácticas extorsivas del supuesto inspector. Y también quedó claro que Astorino no era funcionario, pero tenía contactos dentro del organismo del Estado.
A punto tal se ha fortalecido esa hipótesis que la Justicia comenzó a pedir detalles sobre las actividades económicas de Lucas Olazagasti. La primera información que llegó a Tribunales confirma que Olazagasti trabaja como asesor y cobra por mes 7.500 pesos. Entre sus tareas de asesor Olazagasti tiene las de "Coordinar reuniones con municipios, Gestión de recursos y confección de proyectos".
La investigación judicial sobre Olazagasti avanza y la AFIP tiene que remitir información al juzgado de Oyarbide vinculada con la actividad económica que realiza el asesor de la ADIF. La historia por la que fue procesado Astorino sigue creciendo y se acerca a apellidos célebres en la estructura histórica de poder kirchnerista.

Todos los caminos conducen a Vázquez (el hombre del avión que usaba Jaime)

Hoy por la mañana declararon frente al juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, dos personas relacionadas con la llegada al país del avión que Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, usaba como propio.
El gerente de mantenimiento de la firma Mac Air, Daniel Kucharczuk fue a Tribunales y recordó que envió un ingeniero a los Estados Unidos para revisar el avión Lear Jet Bombardier en el que viajaba Jaime y gente relacionada con él. El gerente de Mac Air, la empresa que iba a explotar el avión, reclama todavía el pago de 5.000 pesos, por lo menos eso dijo en Tribunales. Kucharczuk dijo que recibía órdenes de Julián Vázquez, hijo de Manuel, asesor y mano derecha del ex funcionario público.
Luego de Kucharczuk, declaró su superior, Carlos Colunga, quien visitó por segunda vez el juzgado de Oyarbide. El director de Mar Air, básicamente reiteró lo que había dicho: que las órdenes respecto del avión que usaba Jaime, las daba Julián Vázquez pero que las decisiones las tomaba Manuel. Dio, por otra parte, precisiones acerca de cómo se contrató a Richard Valdez, el piloto estadounidense que trajo, junto al argentino Enrique García Moreno: dijo, según fuentes judiciales, que lo contrató mediante el sistema Pilot Service, y que el pago lo hizo la empresa Pegasus, es decir, Vázquez. Hasta ahora no hay papeles que digan que el avión es de Jaime. Pero la cercanía de Vázquez con Jaime, hace que la situación sea muy sospechosa.

La Superintendencia de Salud quiere transparencia

Se ha dicho interminablemente que la Superintendencia de Servicios de Salud es un antro de corrupción. Y que allí se dirime - de manera arbitraria y oscura- cómo se reparte la caja de las obras sociales sindicales. Por allí pasó Héctor Capaccioli y se tuvo que ir cuando la sombra de la efredina lo salpicó. Luego pasó por ahí Juan Rinaldi, un abogado que se alejó de Hugo Moyano para sumarse a las huestes de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña. Hace diez días asumió, luego de un acuerdo entre sectores de la CGT, Ricardo Bellagio. En las primeras 24 horas de trabajo tuvo que salir a dar explicaciones, porque le atribuían a su esposa, regentear un estudio de abogados que litigaba contra el Estado. Pero tuvo que aclarar que su mujer es profesora de historia. Bellagio, en menos de diez días de gestión, ha tomado una decisión: convocó a tres ONG dedicadas a controlar la transparencia para "realizar un análisis...con el objetivo de establecer una propuesta concreta que brinde transparencia en el funcionamiento del Organismo de Control de las obras sociales a mi cargo", dijo Bellagio en una carta dirigida a Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJ, tres Organizaciones No Gubernamentales que tratan de hacer más transparente la administración pública.

Sindicalistas por el blanqueo

Logró suspender la indagatoria y pidió sumarse a la Ley de Blanqueo para terminar con sus problemas judiciales. Patricio Datarmini, histórico dirigente de los Municipales porteños, espera que la Justicia le de el visto bueno, luego de acogerse a la Ley de Blanqueo, para terminar con un expediente en el que está imputado por un delito Penal Tributario que cometió mientras estaba al frente de la Obra Social de Buenos Aires. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart había dispuesto la indagatoria de Datarmini porque no había depositado las retenciones que le hacían a los trabajadores, a pesar de que el Gobierno porteño le había dado el dinero. Datarmini y otro ex directivo de la ObsBA, Mario Roberto Gigli, están imputados por el delito de apropiación indebida de aportes previsionales, pero la Ley de Blanqueo puede salvarlos. Se estima que el aporte retenido y no depositado en la AFIP, fue de 300 mil pesos mensuales y durante dos años. Luego de abierto el expediente judicial, los sindicalistas hicieron un plan de pagos con la AFIP que cumplieron.Y ahora quieren que se les cierre la causa. El juez López Biscayart ya calificó la Ley de Blanqueo como la consagración de la impunidad.

Cupeiro dijo que no sabe nada de Jaime

Hoy por la mañana declaró ante el juez federal Norberto Oyarbide, el ex corredor de autos, Jorge Cupeiro, quien negó tener vinculación con la operación de compra del avión que Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, usaba como propio.
El nombre de Cupeiro apareció no bien se conoció que Jaime volaba en el Lear Jet N786YA, se lo vinculaba con la ingeniería financiera de la compra del avión.
Ante Oyarbide el fiscal Carlos Rívolo, según fuentes judiciales, Cupeiro negó conocer a Ricardo Jaime. Pero en cambio admitió conocer a Manuel Vázquez, el asesor de Jaime que aparece como la cara de la empresa Pegasus, que compró el Lear Jet.Cupeiro realizó viajes en el avión N786YA a Mar del Plata, junto a Vázquez. A pesar de haber declarado que conoce a Carlos Colunga, director de la empresa Mac Air, dijo no tener ninguna relación con el sector de la aviación comercial. También negó tener contacto con la empresa Elkrest, sita en las Islas Vírgenes, que financió la compra que hizo Pegasus, una firma con sede en Costa Rica, pero que es propiedad de Vázquez, un hombre de confianza de Jaime.

Programa del 10 de agosto

Cupeiro a declarar por el avión que usaba Jaime

Desde que en mayo pasado se descubrió que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, usaba un avión como si fuera suyo, el nombre del ex corredor de autos, Jorge Cupeiro comenzó a sonar. Se lo vinculaba en fuentes del negocio de la aviación privada, con la operación de compra del Lear Jet de 4.000.000 de dólares que el ex secretario usó hasta que se difundió la noticia. Cupeiro tendrá que declarar mañana frente al juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo quienes investigan el enriquecimiento ilícito del ex funcionario. El empresario tendrá que dar explicaciones acerca de su relación con el modo en el que se financió la compra del avión que está a nombre de la empresa Pegasus.

Pepe Albistur a indagatoria

Por Omar Lavieri

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid le puso fecha a la indagatoria para el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur: el 2 de septiembre el funcionario tendrá que responder a los cargos de negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez tiene a su cargo la investigación que comenzó en abril de 2008 cuando Manuel Garrido, por entonces era Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas denunció a Albistur y a un grupo de funcionarios por haber repartido publicidad oficial para favorecer a empresas relacionadas.
Según estableció Garrido, entre 2004 y noviembre de 2007 Albistur entregó alrededor de 13 millones de pesos de pauta oficial a empresas vinculadas con su familia o sus funcionarios. El ex fiscal también denunció que una empresa vinculada a otro funcionario había recibido 7 millones de pesos de pauta.
El artículo 265 del Código Penal señala que reprime e delito de negociaciones incompatibles dice “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". Es decir que con solo demostrar que se interesó por favorecer a las empresas de la gente que lo rodea, alcanza para comprobar el delito. No hace falta demostrar que, por ejemplo, el funcionario haya recibido un “retorno” por haber favorecido a sus allegados. Los imputados originariamente fueron Albistur, Alejandro Lenzberg (que era subsecretario de Gestión de Medios), Guillermo De Lella (ex Director de Políticas Regionales) y Gustavo Fernández Russo (actual Director General de Comunicación). Pero el juez, el año pasado amplió la imputación a la ex esposa de Albistur y a su hijo Juan Ignacio.
En su denuncia, luego de detallar la operatoria, Garrido señaló “por el momento tampoco pueden descartarse que los hechos descritos, además, constituyan parte de otras maniobras delictivas como las de cohecho, asociación ilícita y/o administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública”.
La causa lleva el número 5206 del 2008 y comenzó con la denuncia de Garrido pero luego se le agregó la investigación sobre el modo en que el funcionario ha incrementado sus bienes. En marzo pasado Aráoz de Lamadrid imputó a Albistur, junto a sus familiares, por el delito de enriquecimiento ilícito. Se había acumulado un expediente proveniente de una denuncia que se hizo contra una decena de funcionarios kirchneristas cuyos patrimonios presentaban algunas dudas.

El sueño del Pibe

Sergio Berensztein, alma mater de Política y Pelotas, polítologo, hincha de River y recio defensor zurdo, cumplió uno de sus sueños. El director de Poliarquía, la consultora que vaticinó el triunfo de Francisco de Narváez sobre Néstor Kirchner ha conseguido algo mucho más importante que haber acertado el resultado de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires: se reunió con Daniel Passarella y, además se sacó una foto.

Buscan saber de quién es un yate atribuido a Jaime

Para intentar averiguar si es de Ricardo Jaime un yate que luego de vendido fue enviado a Brasil, el juez federal Norberto Oyarbide, quiere escuchar la declaración de María Ester Tarulla, despachante de Aduanas que participó de la operación de compra venta del barco.
El juez, junto al fiscal Carlos Rívolo, investigan el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte y por eso quieren conocer de quién es el yate Altamar 64 llamado “Cohiba”, matrícula 32394. Es que luego de una denuncia acerca de que Jaime sería el dueño de un yate, la Justicia averiguó que se fabricaron siete barcos de las mismas características y sólo uno fue vendido a Brasil. La denuncia señalaba que el barco se había comprado en la Argentina y llevado a Brasil donde la familia Jaime tendría intereses económicos.
La Justicia le pidió a Tarulla, de la empresa Emilio José Baroni, que presente todos los papeles referidos a la venta del yate. A la despachante se la esperaba hoy en Tribunales. Y queda pendiente la declaración de Carlos Bindelli el comisionista naval que participó de la operación de venta del yate.
La investigación sobre Jaime no se limita al yate. También avanza la pesquisa sobre el avión matrícula estadounidense N786YA: para estos días están citados Luis Tantessio, Vicente Rubén Sánchez y Hernán Guillermo Colautti, los pilotos de la empresa de alquiler Aerorutas, que volaron el avión que usaba Jaime como propio. La nave iba a estar a cargo de la firma Mac Air, pero quedó bajo el control de Aerorutas.
También se espera para estos días las declaraciones de varias de las secretarias que asistían a Jaime mientras fu funcionario. Una de ellas se llama Laura Bobe y, según fuentes judiciales, los testimonios de las secretarias servirá para establecer el círculo de contactos entre Jaime y otras personas que aparecen involucradas en la causa, como Manuel y Julián Vázquez quienes son, hasta ahora, las caras visibles de la firma Pegasus que aparece como dueña del avión.

Citan a declarar a un imputado en Skanska

Adrián López, el hombre que armó la empresa que emitía facturas truchas que salió a la luz debido a la investigación del Caso Skanska, tendrá que decir ante un juez lo que dijo en un sitio de Internet. En el reportaje publicado hace dos semanas, López señaló que tenía contacto con Néstor Ulloa y con un funcionario del Ministerio de Planificación.
Debido a esas declaraciones, el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga si se pagaron coimas en el Caso Skanska, citó para el 12 de agosto a López. La Justicia considera importantes las declaraciones periodísticas del imputado, pero para tomarlas como pruebas, deben quedar escritas en el expediente.
En la entrevista López se refirió a Ulloa, quien estaba al frente de Nación Fideicomisos, como uno de los funcionarios que tenía relación con la maniobra. Pero también habló de un funcionario del Ministerio de Planificación con quien dice, hablaron “de cifras, de montos, de las empresas que ellos estaban necesitando para hacer todo este enjuague”. López se guardó para mejor ocasión el nombre del funcionario de Planificación. Por eso la Justicia quiere que de más explicaciones.

Moreno aliviado por su enriquecimiento ilícito

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, recibió una buena noticia desde los Tribunales. La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisible un recurso de apelación del fiscal federal Guillermo Marijuan quien se había opuesto al sobreseimiento por enriquecimiento ilícito que le había dictado el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Con esa decisión Moreno no le debe explicaciones a la Justicia por el modo en que creció su patrimonio.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler resolvieron que no había que hacerle lugar a la apelación de Marijuan. El fiscal realizó la apelación porque el fiscal originario del caso, Oscar Amirante, estaba de licencia por enfermedad cuando debía apelar lo resuelto por el juez.
En febrero pasado Aráoz de Lamadrid sobreseyó a Moreno pero el fiscal Marijuan había apelado. Para alivio de Moreno, los camaristas repitieron en la resolución firmada ayer, los argumentos que hicieron que en junio pasado el ministro de Planificación, Julio De Vido y su esposa Alessandra Miniccelli, fueron favorecidos con una resolución similar sobre el mismo asunto.
Los casos de De Vido y Moreno son diferentes. En la política se sabe que Moreno no acumuló dinero durante su gestión y eso es lo que demostraban sus declaraciones juradas. En tanto la declaración jurada de De Vido dejaba muchas dudas, ya que hubo un crecimiento patrimonial que se veía reñido con el nivel de ingresos del ministro y su mujer. Pero fue sobreseido.
Ni De Vido ni Moreno podrán ser investigados por enriquecimiento por lo menos hasta la fecha del sobreseimiento. En Tribunales hay quienes se encargan de recordar que aunque haya sobreseimientos, el período de investigación podría terminar el último día del mandato.

Piden a Interpol Uruguay información sobre el avión de Jaime

El juez federal Norberto Oyarbide, pidió esta semana que INTERPOL Argentina solicite la colaboración de su par uruguaya para recabar información sobre el avión que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, usaba como propio.
Desde que se conoció que Jaime usaba el avión matrícula N786YA como si fuera suyo, la nave está hangarada en Uruguay. La solicitud hecha por Oyarbide se hizo a instancias de lo pedido por el fiscal que investiga el caso: Carlos Rívolo.
El fiscal pidió que INTERPOL le requiera a la Fuerza Aérea Uruguaya la siguiente información sobre el avión que usaba Jaime.
-El aeropuerto y hangar o espacio físico en donde se encuentra el avión.
-Se individualice a las personas a cuyo requerimiento la aeronave se encuentra estacionada.
-Se identifique al personal técnico especializado que se encuentra a cargo del mantenimiento y cuidado del avión.
-Se determinen las personas que tienen acceso al avión y por qué motivo.
-Se explique quién paga los gastos que del hangar donde se halla alojado el jet y también el costo del mantenimiento.
El juez también ordenó que se cite a los periodistas Luciana Geuna (Crítica) y Juan Cruz Sanz (Perfil) quienes la semana pasada publicaron detalles sobre el contrato de explotación que había rubricado la empresa de aviación Mac Air y Pegasus, la firma que compró el la nave que usaba Jaime. La cara visible de Pegasus es Manuel Vázquez, hombre de confianza del ex secretario de Transporte. La Justicia solicitó que ambos periodistas aporten los documentos publicados para incorporarlos a la causa judicial.
Ante este pedido de Oyarbide, el fiscal del caso, Carlos Rívolo, solicitó que se suspendieran dos declaraciones que estaban previstas para hoy. Rívolo pidió la suspensión a la espera de la llegada del material que podrían aportar los periodistas de Crítica y Perfil. Hoy tenían que volver a declarar el director de Mac Air, Carlos Colunga y Jorge Arbaiza, el ingeniero que probó el avión en Estados Unidos antes de traerlo a Buenos Aires. Ambos habían señalado a Vázquez y a su hijo Julián, como los dueños del avión.

Por el caso Conti quieren que declare Terragno

El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración del, entre otros el ex senador nacional, Rodolfo Terragno, en el expediente en el que se investiga a la diputada nacional por el kirchnerismo, Diana Conti, por la denuncia de un ex empleado que señaló que la legisladora se quedó con parte de su salario.
El fiscal se hizo eco de una serie de notas escritas en mayo de 2005 por el periodista Jorge Liotti (entonces en la agencia DyN, actualmente de Perfil), en la que se abordaba la problemática del “diezmo” que los legisladores les piden a sus empleados para financiar la política. O en algunos casos para llevárselo al bolsillo.
Bruno Bimbi, el ex empleado que denunció a Conti, también apareció en aquella serie de notas de Liotti. Además de Terragno dieron sus testimonios los ex legisladores Pedro Del Piero, Pablo Walter y José Roselli y quien fuera secretario administrativo del Senado, Carlos Machiaroli. Ellos opinaron acerca de la práctica que se realiza en el Parlamento. Y por eso el fiscal ha pedido que declaren. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral todavía no ha puesto fecha para escucharlos.
El fiscal también pidió una copia de la nota llamada “Las monedas te las podés quedar” que Bimbi escribió en su blog, para incorporarla al expediente. Además solicitó que se lo cite a declarar para hablar del contenido de la nota y especialmente quiere que el periodista explique en Tribunales el contenido del último párrafo en el que dice “Mientras espero que la Justicia se pronuncie sobre el delito que denuncié, me muerdo los labios por consejo de mi abogado cada vez que debo asistir al show político en el que la ahora diputada Conti da lecciones de ética cada vez que le acercan un micrófono”.
Por otra parte, Conti cambió de abogado luego de que trascendiera que su ex defensor Claudio Cholakian trabajaba en el Consejo de la Magistratura y además tenía inhibida la matrícula de abogado. Ahora a Conti la defiende el estudio de León Carlos Arslanián.

Programa del 3 de agosto

Pancho Dotto zafó en un caso de evasión tributaria

El 4 de febrero de 2009, el manager de modelos Francisco "Pancho" Dotto, tenía que declarar frente al juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, quien lo llamado a indagatoria por el delito de apropiación indebida de tributos. Pero no fue.
La causa, que fue impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial, comenzó porque la AFIP denunció que Dotto había pagado fuera de término el dinero del impuesto a las ganancias que les retuvo a las modelos Dolores Barreiro y Yesica Ruth Toscanini. Según la denuncia original, Dotto se retrasó en depositar las retenciones de las dos modelos en los meses de julio y agosto de 2004 y de abril y junio de 2005. El monto de lo adeudado era de cerca de 90 mil pesos. Y la Ley estipula que cuando el monto adeudado fuera mayor de 10 mil pesos, le puede caber una pena de dos a seis años de prisión.
Mejor dicho, le podía caber, porque como Dotto se benefició con la Ley de Blanqueo, ha sido sobreseido. Cuando se enteró que tenía que declarar en indagatoria, Dotto se presentó ante la Justicia para pedir ser beneficiado por la Ley 26476 también llamada de blanqueo. Antes, había pagado lo estipulado por no haber hecho los aportes cuando correspondía.
En una resolución firmada en junio pasado, pero que se conoce hoy, López Biscayart sobreseyó a Dotto y declaró extinguida la acción penal por “haber sido objeto de amnistía”. El juez hizo varias consideraciones antes de llegar a la conclusión de que a Dotto se le debía cerrar la causa. Por ejemplo en el quinto punto del escrito, López Biscayart enumera "las condiciones para beneficiarse con la impunidad consagrada por la mencionada Ley 26476-llamada de blanqueo y moratoria”. Es decir que el juez que investigó la evasión impositiva de Skanska, considera que el blanqueo es una vía hacia la impunidad.
En otro de los párrafos de la resolución López Biscayart señala que la pregunta que el caso examinado “exige responder es si puede extinguirse la acción penal con un pago de contado hecho con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Planteo que abre otro interrogante. ¿Puede haber cancelaciones totales con los efectos de impunidad y cancelaciones totales sin efectos?”

Un fiscal pide que Filmus declare en la investigación sobre el veto a la Ley de Glaciares

La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protecciónde Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.
Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado.
El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera. El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial. También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.

Programa del 27 de julio