Cierto optimismo invadió hoy los despachos de los investigadores del enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime. Es que son reveladores los datos que consiguieron en las computadoras que incautaron en el allanamiento del lunes en las oficinas de la empresa que manejan Manuel y Julián Vázquez.
Se esperaba la declaración testimonial de Jorge Arbaiza, el ingeniero que revisó en Estados Unidos, el avión que Ricardo Jaime usaba como propio. Según fuentes judiciales, Arbaiza presentó un escrito en el que dio detalles de su tarea para traer el avión.
A Manuel Vázquez le gusta la fotografía, cocinar, salir a correr, el fútbol, y la informática, entre otras cosas. Por lo menos eso dice su perfil en la red social Linkedin. Pero algunos datos más importantes se pueden obtener la página de la empresa que integra Vázquez cuya sede principal está en Madrid, España y que tiene oficinas en Brasil, Rumania, Albania Y Argentina . La oficina de la empresa Controles y Asesorías Especiales en la calle Arroyo 880 en Buenos Aires, fue allanada el lunes pasado por la Justicia que busca pruebas en la investigación por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime. Es que el lunes declaró ante el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, el piloto Enrique García Moreno, quien trajo a la Argentina el avión que usaba Jaime. El piloto dijo que el viaje se lo pagó Julián Vázquez, hijo de Manuel y lo había hecho en nombre de la firma Pegasus Equity .
Luego de García Moreno declaró el presidente de la firma Mac Air, Carlos Colunga quien ratificó lo dicho por el piloto y agregó el nombre de Manuel Vázquez a la investigación. Señaló que era quien manejaba comercialmente la operación.
En la industria del Transporte se sabía que cuando Vázquez hablaba, lo hacía en nombre de Jaime. Su palabra era la del poderosísimo ex secretario de Estado, más conocido como “El señor de los subsidios”.
En la página Web de la empresa con sede en España se lo describe a Vázquez como uno de los socios principales (main partners) y se detallan en inglés sus habilidades: “Chairman of Controles y Auditorías Especiales (CAESA) in Latin America, he is recognised as the region's leading expert on business in the Control and General Government sector. For many years, he held top-level executive positions with BUNGE, Brazil's leading food sector group. Subsequently, he developed projects for General Governments, the World Bank and other international bodies in Argentina, Brazil, Venezuela, Colombia, Paraguay and Peru”.
La firma que encabeza Vázquez figura también en el rubro consultoras en una lista de inversores españoles en Argentina confeccionada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
30/07/09
El ingeniero que revisó el avión que Jaime usaba como propio declara mañana
Con la intención de seguir buscando pruebas para determinar de quién era el avión que el ex secretario de Transporte -Ricardo Jaime- usaba como propio, mañana declarará en Tribunales el ingeniero Jorge Arbaiza.
Según declaró Enrique García Moreno, el piloto que trajo el avión a la Argentina, Arbaiza estuvo en Estados Unidos para revisar que el avión estuviera en perfectas condiciones. Arbaiza es ingeniero de la empresa Mac Air y volvió junto a los pilotos en el avión que usaba Jaime.
La citación para Arbaiza se produjo luego de las declaraciones de García Moreno y de Carlos Colunga, director de Mac Air. Colunga ratificó en sus declaraciones de ayer y hoy la historia de García Moreno. Ambos dejaron claro ante el juez federal Norbeto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, que Julián Vázquez fue quien pagó para traer a la Argentina el avión que usaba Jaime.
Julián es hijo de Manuel Vázquez, abogado y asesor de Ricardo Jaime mientras fue funcionario. En la declaración del piloto, Manuel no aparecía vinculado al avión porque las tratativas con García Moreno las había hecho el hijo del asesor. En cambio, según fuentes judiciales, Colunga nombró a Manuel Vázquez como quien tenía la conducción comercial de la empresa en la que estaba su hijo Julián. De este modo el asesor de Jaime que tenía sus oficinas en Plaza San Martín fue nombrado en el expediente en el que se investiga si el ex funcionario se enriqueció ilícitamente.
Según declaró Enrique García Moreno, el piloto que trajo el avión a la Argentina, Arbaiza estuvo en Estados Unidos para revisar que el avión estuviera en perfectas condiciones. Arbaiza es ingeniero de la empresa Mac Air y volvió junto a los pilotos en el avión que usaba Jaime.
La citación para Arbaiza se produjo luego de las declaraciones de García Moreno y de Carlos Colunga, director de Mac Air. Colunga ratificó en sus declaraciones de ayer y hoy la historia de García Moreno. Ambos dejaron claro ante el juez federal Norbeto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo, que Julián Vázquez fue quien pagó para traer a la Argentina el avión que usaba Jaime.
Julián es hijo de Manuel Vázquez, abogado y asesor de Ricardo Jaime mientras fue funcionario. En la declaración del piloto, Manuel no aparecía vinculado al avión porque las tratativas con García Moreno las había hecho el hijo del asesor. En cambio, según fuentes judiciales, Colunga nombró a Manuel Vázquez como quien tenía la conducción comercial de la empresa en la que estaba su hijo Julián. De este modo el asesor de Jaime que tenía sus oficinas en Plaza San Martín fue nombrado en el expediente en el que se investiga si el ex funcionario se enriqueció ilícitamente.
29/07/09
Julián Vázquez pidió la eximición de prisión
Julián Vázquez el hombre que le pagó al piloto Enrique García Carmona para traer desde Estados Unidos el avión que Ricardo Jaime usaba como propio, se presentó a la Justicia para pedir la eximición de prisión. Vázquez eligió como abogado a Zenón Zeballos, conocido penalista que defendió a Fernando De la Rúa. La presentación se hizo hoy en el juzgado federal que encabeza Norberto Oyarbide y el beneficio le fue otorgado con acuerdo del fiscal federal Carlos Rívolo. Es decir que Vázquez puede caminar tranquilo por la calle. Por lo menos por ahora.
Allanamiento, declaración y todo lo que dijo el piloto que trajo el avión que Jaime usaba como propio
Ayer por la noche la Justicia allanó las oficinas de Julián Vázquez, y según fuentes judiciales, quién abrió la puerta para el allanamiento fue Manuel Vázquez, hombre cercano a Ricardo Jaime. Julián Vázquez fue señalado por el piloto Enrique García Moreno como quién le pagó para traer el avión que Jaime usaba como propio.
Pasado el mediodía de hoy ingresó a Tribunales Carlos Colunga, presidente de Mac Air, la empresa de aviación que prestó al piloto García Moreno para que trajera el avión que usaba Jaime. La Justicia quiere Colunga otorgue precisiones acerca de la relación de su empresa con la llegada del avión. La declaración de Colunga, luego de un par de horas, fue suspendida para mañana.
Ayer por la tarde trascendió, de la declaración de García Moreno,solamente el nombre de Julián Vázquez, como quién le había pagado para que trajera el Lear Jet Bombardier licencia N786YA que usaba Jaime. Enrique García Moreno es casado tiene 53 años y nació el 10 de enero de 1956 en Puerto Deseado, Santa Cruz.
En su declaración de diez carillas el piloto dijo:
Que llegó el 7 de febrero de 2009 al Aeropuerto de San Fernando con el avión, y acompañó al comandante Richard Valdés.
El 3 de febrero viajó a Hartford, Connecticut, EEUU, donde está la sede de la firma Bombardier, fabricante del avión.
Que Julián Vázquez le pagó 3000 dólares por traer el avión. Y además le pagó 500 dólares por el viaje de aceptación(prueba) que hicieron junto al piloto Valdéz para ver cómo funcionaba el avión antes de traerlo.
Que Pegasus era la firma dueña del avión.
Que le dieron una autorización para volar firmada por Pegasus.
Que Carlos Colunga, director de Mac Air le pidió que lo trajera, que viajara como copiloto del N786YA.
Que el viaje lo hizo como una cuestión personal y no por la empresa Mac Air.
Que a Julián Vázquez lo conoce desde diciembre de 2008 cuando lo vio en las oficinas de Mac Air. Que mantuvo comunicaciones telefónicas en las que Vázquez le decía dónde estaban los certificados de aeronavegabilidad, de matrícula y el seguro y que todos esos papeles estaban dentro del avión cuando lo sacó del hangar.
Que salió el 3 de febrero hacia EEUU y no recordaba en qué línea aérea había viajado. Llegó a Hartford el 4 y se alojó en un hotel de la zona. El 5 conoció al piloto Richard Valdéz y juntos hicieron el vuelo de aceptación. Luego del vuelo de prueba, cargaron combustible y partieron hacia la Argentina.
Que el avión tiene 3 horas 20 minutos de autonomía de vuelo.Y por eso las escalas para cargar combustible fueron cuatro: Fort Lauderlade, donde pasaron la noche. Luego pararon en Aruba, Manaos y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia donde hicieron noche. Que el avión tiene 3 horas 20 minutos de autonomía de vuelo. El 7 salieron de Bolivia y llegaron a San Fernando
Que le dio el avión a Julián Vázquez. Que luego de hacer los trámites aduaneros y migratorios se retiró del Aeropuerto de San Fernando.
Que le pagaron el martes 10 de febrero en una oficina de la calle Arroyo-no se acuerdaba si era al 800 o al 900- pero que estaba en una calle curva.
Que no sabe de qué trabaja Vázquez.
Que había un tercer pasajero en el vuelo: el ingeniero Jorge Arbaiza a quien se encontró en EEUU y que trabaja para Mac Air. Fue quien hizo la revisión técnica del avión.
Que el avión fue guardado en el hangar la empresa Aerorutas.
Que Vázquez jamás le dijo para quién era el avión ni quién era su dueño.
Que el pasaje para viajar a EEUU lo pidió en una agencia de la calle Corrientes al 300.
Que como tiene licencia comercial norteamericana puede acompañar al comandante en un vuelo con licencia estadounidense.
Que Vázquez es cliente habitual de Mac Air y lo describió como de 35 años, pelo castaño oscuro, 1,70 de estatura, ni gordo ni flaco.
Pasado el mediodía de hoy ingresó a Tribunales Carlos Colunga, presidente de Mac Air, la empresa de aviación que prestó al piloto García Moreno para que trajera el avión que usaba Jaime. La Justicia quiere Colunga otorgue precisiones acerca de la relación de su empresa con la llegada del avión. La declaración de Colunga, luego de un par de horas, fue suspendida para mañana.
Ayer por la tarde trascendió, de la declaración de García Moreno,solamente el nombre de Julián Vázquez, como quién le había pagado para que trajera el Lear Jet Bombardier licencia N786YA que usaba Jaime. Enrique García Moreno es casado tiene 53 años y nació el 10 de enero de 1956 en Puerto Deseado, Santa Cruz.
En su declaración de diez carillas el piloto dijo:
Que llegó el 7 de febrero de 2009 al Aeropuerto de San Fernando con el avión, y acompañó al comandante Richard Valdés.
El 3 de febrero viajó a Hartford, Connecticut, EEUU, donde está la sede de la firma Bombardier, fabricante del avión.
Que Julián Vázquez le pagó 3000 dólares por traer el avión. Y además le pagó 500 dólares por el viaje de aceptación(prueba) que hicieron junto al piloto Valdéz para ver cómo funcionaba el avión antes de traerlo.
Que Pegasus era la firma dueña del avión.
Que le dieron una autorización para volar firmada por Pegasus.
Que Carlos Colunga, director de Mac Air le pidió que lo trajera, que viajara como copiloto del N786YA.
Que el viaje lo hizo como una cuestión personal y no por la empresa Mac Air.
Que a Julián Vázquez lo conoce desde diciembre de 2008 cuando lo vio en las oficinas de Mac Air. Que mantuvo comunicaciones telefónicas en las que Vázquez le decía dónde estaban los certificados de aeronavegabilidad, de matrícula y el seguro y que todos esos papeles estaban dentro del avión cuando lo sacó del hangar.
Que salió el 3 de febrero hacia EEUU y no recordaba en qué línea aérea había viajado. Llegó a Hartford el 4 y se alojó en un hotel de la zona. El 5 conoció al piloto Richard Valdéz y juntos hicieron el vuelo de aceptación. Luego del vuelo de prueba, cargaron combustible y partieron hacia la Argentina.
Que el avión tiene 3 horas 20 minutos de autonomía de vuelo.Y por eso las escalas para cargar combustible fueron cuatro: Fort Lauderlade, donde pasaron la noche. Luego pararon en Aruba, Manaos y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia donde hicieron noche. Que el avión tiene 3 horas 20 minutos de autonomía de vuelo. El 7 salieron de Bolivia y llegaron a San Fernando
Que le dio el avión a Julián Vázquez. Que luego de hacer los trámites aduaneros y migratorios se retiró del Aeropuerto de San Fernando.
Que le pagaron el martes 10 de febrero en una oficina de la calle Arroyo-no se acuerdaba si era al 800 o al 900- pero que estaba en una calle curva.
Que no sabe de qué trabaja Vázquez.
Que había un tercer pasajero en el vuelo: el ingeniero Jorge Arbaiza a quien se encontró en EEUU y que trabaja para Mac Air. Fue quien hizo la revisión técnica del avión.
Que el avión fue guardado en el hangar la empresa Aerorutas.
Que Vázquez jamás le dijo para quién era el avión ni quién era su dueño.
Que el pasaje para viajar a EEUU lo pidió en una agencia de la calle Corrientes al 300.
Que como tiene licencia comercial norteamericana puede acompañar al comandante en un vuelo con licencia estadounidense.
Que Vázquez es cliente habitual de Mac Air y lo describió como de 35 años, pelo castaño oscuro, 1,70 de estatura, ni gordo ni flaco.
27/07/09
Un fiscal pide que declare Sergio Acevedo
Las declaraciones del ex gobernador de Santa Cruz y ex Señor 5 de la SIDE fueron estruendosas y no pasaron inadvertidas para la Justicia. En varios reportajes Sergio Acevedo, hombre que hizo política junto y bajo el ala de Néstor Kirchner, usó una metáfora de la era menemista para describir la situación de corrupción en el gobierno actual: “Se roba para la corona”, dijo, con crudeza.
Pero en algunas cosas fue más preciso. El ex gobernador de Santa Cruz dijo que “la obra pública está cartelizada”.
Y el fiscal federal que investiga la denuncia que hizo en noviembre del año pasado Elisa Carrió junto a otros dirigentes de la Coalición Cívica, por asociación ilícita contra Kirchner y sus hombres más cercanos, tomó nota.
Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Julián Ercolini, que cite a declarar a Sergio Acevedo para que amplíe en los Tribunales, lo que dijo en los medios de comunicación.
El fiscal, en la última semana de 2008, imputó, en base a lo denunciado por Carrió, a Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor y a los representantes de las empresas “Austral Construcciones S.A.”, “Gotti S.A.”, “Kank y Costilla S.A.”, “Palma S.A.”, “Juan Felipe Gancedo S.A.”, “Badial S.A.”, “Sucesores de Adelmo Biancalani S.A.”, “Oil M&S”, “Misahar S.A.”, “Epsur S.A.”, “Casino Club S.A.”, “Intesar S.A.”, “UGOFE”, “Metrovías S.A.”, “Ferrovías S.A.C.”, “Trenes Buenos Aires S.A.”, “CITIC” y de la firma concesionaria del Ferrocarril Belgrano Norte.
Para los dirigentes de la Coalición Cívica, Kirchner es el jefe de una banda que se benefició mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas a manos de empresarios amigos. En la primera denuncia no incluyeron a la presidenta en la asociación ilícita. Pero hace diez días ampliaron la acusación y allí incluyeron a Cristina Fernández de Kirchner.
Ercolini realizó varias medidas de investigación desde entonces, y según fuentes de Tribunales, citará a declarar a Acevedo mediante un exhorto para que un juez federal de Santa Cruz le formule las preguntas que le mandarán desde Buenos Aires.
Pero en algunas cosas fue más preciso. El ex gobernador de Santa Cruz dijo que “la obra pública está cartelizada”.
Y el fiscal federal que investiga la denuncia que hizo en noviembre del año pasado Elisa Carrió junto a otros dirigentes de la Coalición Cívica, por asociación ilícita contra Kirchner y sus hombres más cercanos, tomó nota.
Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Julián Ercolini, que cite a declarar a Sergio Acevedo para que amplíe en los Tribunales, lo que dijo en los medios de comunicación.
El fiscal, en la última semana de 2008, imputó, en base a lo denunciado por Carrió, a Kirchner, Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor y a los representantes de las empresas “Austral Construcciones S.A.”, “Gotti S.A.”, “Kank y Costilla S.A.”, “Palma S.A.”, “Juan Felipe Gancedo S.A.”, “Badial S.A.”, “Sucesores de Adelmo Biancalani S.A.”, “Oil M&S”, “Misahar S.A.”, “Epsur S.A.”, “Casino Club S.A.”, “Intesar S.A.”, “UGOFE”, “Metrovías S.A.”, “Ferrovías S.A.C.”, “Trenes Buenos Aires S.A.”, “CITIC” y de la firma concesionaria del Ferrocarril Belgrano Norte.
Para los dirigentes de la Coalición Cívica, Kirchner es el jefe de una banda que se benefició mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas a manos de empresarios amigos. En la primera denuncia no incluyeron a la presidenta en la asociación ilícita. Pero hace diez días ampliaron la acusación y allí incluyeron a Cristina Fernández de Kirchner.
Ercolini realizó varias medidas de investigación desde entonces, y según fuentes de Tribunales, citará a declarar a Acevedo mediante un exhorto para que un juez federal de Santa Cruz le formule las preguntas que le mandarán desde Buenos Aires.
25/07/09
22/07/09
El yate ¿de Jaime?
Hace dos semanas se hizo pública una denuncia acerca de que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, había comprado un yate por 1.400.000 dólares y, ese hecho se sumó a la investigación por enriquecimiento ilícito que lleva adelante le juez federal Norberto Oyarbide.
El fiscal del caso, Carlos Rívolo, recibió la denuncia, pero antes de impulsar la investigación quiere que el abogado Enrique Piragini ratifique lo denunciado, diga de qué manera tomó "conocimiento de los hechos" y precise las fechas o cualquier otro dato en que se habría concretado esta operación "(la de la compra del yate).
Rívolo en una causa del año 2004 desestimó una denuncia de Piragini y señaló en aquella desestimación que " las tan frecuentes denuncias realizadas por el aquí denunciante (Piragini)...todas ellas insustanciales, frecuentemente inverosímiles, y con indicios de cierto sentimiento de persecución, hacen sospechar a esta representación (la fiscalía) que no estaría de más citar al nombrado a que se someta a un estudio psiquiátrico a fin de descartar acabadamente la posible existencia de una enfermedad psiquiátrica".
De todos modos, y a pesar de que Rívolo quiere escuchar a Piragini, le pidió a Oyarbide que tomara algunas medidas para preservar documentación necesaria para el caso.
El fiscal quiere que se libre una orden de presentación (una instancia previa al allanamiento en la que se le pide información a una empresa) para que el astillero "Altamar Yacht" brinde toda la documentación relacionada con la compra de un barco modelo Altamar 64 a nombre de Ricardo Jaime o de Gloria Vilchez y Silvia Reyss (primera y segunda esposa del ex funcionario).
Si no hubiera ninguno a nombre de ellos, Rívolo pidió "el registro de la totalidad de las personas físicas o jurídicas que hubieran adquirido ante la empresa ese modelo de yate, desde el año 2003...".
El fiscal también quiere que se envíen todos los trámites de exportación de yates similares al que se le adjudica a Jaime y los datos de quien actuó como despachante de Aduanas en el caso de que existiera la exportación.
El fiscal quiere que el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina realice un amplio informe de todos los yates modelo Altamar 64 matriculados desde 2003.
Finalmente el fiscal pidió la declaración del comisionista naval Carlos Bindelli para que explique si, como dice la denuncia, fue quien realizó la operación para que Jaime se quedara con el yate.
Oyarbide realizó alguna de las medidas pedidas por Rívolo: allanó las oficinas del astillero en San Fernando y también en Rosario, donde está la administración de la firma "Altamar Yacht". Si bien no se hallaron documentos que vinculen a Jaime con la compra de un yate, la Justicia analiza operaciones similares a la denunciada, realizadas por sociedades que deben ser investigadas.
El fiscal del caso, Carlos Rívolo, recibió la denuncia, pero antes de impulsar la investigación quiere que el abogado Enrique Piragini ratifique lo denunciado, diga de qué manera tomó "conocimiento de los hechos" y precise las fechas o cualquier otro dato en que se habría concretado esta operación "(la de la compra del yate).
Rívolo en una causa del año 2004 desestimó una denuncia de Piragini y señaló en aquella desestimación que " las tan frecuentes denuncias realizadas por el aquí denunciante (Piragini)...todas ellas insustanciales, frecuentemente inverosímiles, y con indicios de cierto sentimiento de persecución, hacen sospechar a esta representación (la fiscalía) que no estaría de más citar al nombrado a que se someta a un estudio psiquiátrico a fin de descartar acabadamente la posible existencia de una enfermedad psiquiátrica".
De todos modos, y a pesar de que Rívolo quiere escuchar a Piragini, le pidió a Oyarbide que tomara algunas medidas para preservar documentación necesaria para el caso.
El fiscal quiere que se libre una orden de presentación (una instancia previa al allanamiento en la que se le pide información a una empresa) para que el astillero "Altamar Yacht" brinde toda la documentación relacionada con la compra de un barco modelo Altamar 64 a nombre de Ricardo Jaime o de Gloria Vilchez y Silvia Reyss (primera y segunda esposa del ex funcionario).
Si no hubiera ninguno a nombre de ellos, Rívolo pidió "el registro de la totalidad de las personas físicas o jurídicas que hubieran adquirido ante la empresa ese modelo de yate, desde el año 2003...".
El fiscal también quiere que se envíen todos los trámites de exportación de yates similares al que se le adjudica a Jaime y los datos de quien actuó como despachante de Aduanas en el caso de que existiera la exportación.
El fiscal quiere que el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina realice un amplio informe de todos los yates modelo Altamar 64 matriculados desde 2003.
Finalmente el fiscal pidió la declaración del comisionista naval Carlos Bindelli para que explique si, como dice la denuncia, fue quien realizó la operación para que Jaime se quedara con el yate.
Oyarbide realizó alguna de las medidas pedidas por Rívolo: allanó las oficinas del astillero en San Fernando y también en Rosario, donde está la administración de la firma "Altamar Yacht". Si bien no se hallaron documentos que vinculen a Jaime con la compra de un yate, la Justicia analiza operaciones similares a la denunciada, realizadas por sociedades que deben ser investigadas.
20/07/09
Piden no cerrar una investigación judicial sobre clientelismo
El caso de clientelismo en La Plata lo denunció Jorge Rivas quien allá por 2005 era un opositor al kirchnerismo y hoy es diputado nacional por esa fuerza política. Había tomado artículos del diario La Nación en los que se denunciaban casos de clientelismo en la periferia de La Plata. Rivas denunció a Néstor Kirchner, Alberto Fernández (luego los dos fueron sus jefes políticos) y a otros funcionarios, entre los que están la ministra Alicia Kirchner.
Se investigaba si los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que dependen de Alicia Kirchner entregaban muebles, electrodomésticos y materiales para la construcción en el barrio Villa Alba, para conseguir votos para el Frente para la Victoria.
El año pasado, el fiscal Federico Delgado había pedido la indagatoria de los dos funcionarios del ministerio de Desarrollo Social , que tuvieron participación en la maniobra. Marcela Paola Vessvessian y Carlos Castagneto. La primera estaba a cargo del Programa Ayudas Urgentes del ministerio y el segundo, secretario de Estado, también fue candidato a intendente de La Plata en el período investigado. A los dos los acusa de malversación de caudales públicos.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, archivó la investigación la última semana de junio. Se basó en las declaraciones de las personas que recibieron los bienes, quienes aseguraron que fueron entrevistados por personal del Ministerio y que recibieron los materiales y estamparon sus firmas al obtenerlos. También cotejó los expedientes del Ministerio donde figura la entrega. Canicoba Corral cerró el caso por malversación pero de todos modos envió al juzgado electoral parte de expediente para que se investigue si se infringió la Ley Electoral.
Pero el fiscal Delgado no aceptó lo pedido por el juez y apeló el archivo. Delgado, quien no cuestiona la decisión de entregar bienes a los más necesitados, sino el modo en que se realiza, pidió que no se cierre la investigación. Señaló que debe seguir investigándose ya que “dirigentes del organismo nacional de mayor envergadura en materia de asistencia social han particularizado, en pos de afanes personales, intereses que incumben a los sectores más postergados de la sociedad”. La palabra la tiene la Sala I de la Cámara Federal que deberá decidir si una investigación por clientelismo, sigue abierta.
Se investigaba si los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que dependen de Alicia Kirchner entregaban muebles, electrodomésticos y materiales para la construcción en el barrio Villa Alba, para conseguir votos para el Frente para la Victoria.
El año pasado, el fiscal Federico Delgado había pedido la indagatoria de los dos funcionarios del ministerio de Desarrollo Social , que tuvieron participación en la maniobra. Marcela Paola Vessvessian y Carlos Castagneto. La primera estaba a cargo del Programa Ayudas Urgentes del ministerio y el segundo, secretario de Estado, también fue candidato a intendente de La Plata en el período investigado. A los dos los acusa de malversación de caudales públicos.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, archivó la investigación la última semana de junio. Se basó en las declaraciones de las personas que recibieron los bienes, quienes aseguraron que fueron entrevistados por personal del Ministerio y que recibieron los materiales y estamparon sus firmas al obtenerlos. También cotejó los expedientes del Ministerio donde figura la entrega. Canicoba Corral cerró el caso por malversación pero de todos modos envió al juzgado electoral parte de expediente para que se investigue si se infringió la Ley Electoral.
Pero el fiscal Delgado no aceptó lo pedido por el juez y apeló el archivo. Delgado, quien no cuestiona la decisión de entregar bienes a los más necesitados, sino el modo en que se realiza, pidió que no se cierre la investigación. Señaló que debe seguir investigándose ya que “dirigentes del organismo nacional de mayor envergadura en materia de asistencia social han particularizado, en pos de afanes personales, intereses que incumben a los sectores más postergados de la sociedad”. La palabra la tiene la Sala I de la Cámara Federal que deberá decidir si una investigación por clientelismo, sigue abierta.
16/07/09
Estudiantes
La combinación exacta entre una estrategia bien planeada y jugadores con ganas de ser campeones hizo que Estudiantes volviera con la Copa Libertadores desde Brasil. Sin brillar, sin lujos pero jugando sabiamente al fútbol, de la mano de Verón y con dos centrales que sacaron todo, Estudiantes es de nuevo campeón de América. Cuando se tienen las ideas claras fuera y dentro de la cancha, las cosas salen bien. Y eso le pasó a Estudiantes. Sabella imaginó un partido, los jugadores lo jugaron como estaba ideado y además tuvo la suerte del campeón. Un poco de aire fresco en un fútbol local con demasiado olor a encierro.
Ricardo Jaime tiene abogado
Luego de su alejamiento del cargo como secretario de Transporte, Ricardo Jaime ha cambiado radicalmente su posición frente a la decena de causas judiciales que tiene abiertas en la Justicia federal. Durante los años que se desempeñó como secretario de Transporte y frente a las treinta y cinco denuncias de las que fue objeto, no había designado abogado defensor. Es decir que no se daba por imputado.
Las cosas han cambiado y esta semana en varios de los juzgados en los que Jaime está imputado de algún delito, un abogado conocido se presentó en nombre del ex secretario de Transporte. Andrés Sergio Marutian, quien fuera defensor del general Roberto Eduardo Viola en el Juicio a las Juntas Militares, asumió la defensa de Jaime.
Marutian fue también secretario de Asuntos Penitenciarios durante la gestión de Rodolfo Barra como ministro de Justicia en el Gobierno de Carlos Saúl Menem. Los memoriosos recuerdan que durante su actuación al frente del área penitenciaria, el conocido ladrón Luis "Gordo" Valor y otros integrantes de su banda, se fugaron de la cárcel de Devoto.
Marutian es socio en su estudio de abogados de Armando Canosa, quien en épocas menemistas ocupó el cargo que tenía Jaime, secretario de Transporte. Conocedores del área de Transporte señalan que Canosa y Marutian eran consultados permanentemente por Jaime durante su estadía al frente de la secretaría de Estado.
Marutian se presentó en varios juzgados federales en los que se investiga a Jaime. Las causas judiciales en las que Jaime aparece más complicado son las relacionadas con el avión que usaba como propio. Una está a cargo del juez Claudio Bonadio. Y la otra, sobre enriquecimiento ilícito, que tiene el juez Norberto Oyarbide. En ese caso, el defensor de Jaime es Carlos Antonio Jotayan integrante del estudio que Marutian comparte con Armando Canosa.
Las cosas han cambiado y esta semana en varios de los juzgados en los que Jaime está imputado de algún delito, un abogado conocido se presentó en nombre del ex secretario de Transporte. Andrés Sergio Marutian, quien fuera defensor del general Roberto Eduardo Viola en el Juicio a las Juntas Militares, asumió la defensa de Jaime.
Marutian fue también secretario de Asuntos Penitenciarios durante la gestión de Rodolfo Barra como ministro de Justicia en el Gobierno de Carlos Saúl Menem. Los memoriosos recuerdan que durante su actuación al frente del área penitenciaria, el conocido ladrón Luis "Gordo" Valor y otros integrantes de su banda, se fugaron de la cárcel de Devoto.
Marutian es socio en su estudio de abogados de Armando Canosa, quien en épocas menemistas ocupó el cargo que tenía Jaime, secretario de Transporte. Conocedores del área de Transporte señalan que Canosa y Marutian eran consultados permanentemente por Jaime durante su estadía al frente de la secretaría de Estado.
Marutian se presentó en varios juzgados federales en los que se investiga a Jaime. Las causas judiciales en las que Jaime aparece más complicado son las relacionadas con el avión que usaba como propio. Una está a cargo del juez Claudio Bonadio. Y la otra, sobre enriquecimiento ilícito, que tiene el juez Norberto Oyarbide. En ese caso, el defensor de Jaime es Carlos Antonio Jotayan integrante del estudio que Marutian comparte con Armando Canosa.
15/07/09
Allanamiento por el avión de Jaime
El juez federal Claudio Bonadio allanó ayer las oficinas de la empresa de taxis aéreos Aerorutas S.A para conseguir información que ayude a determinar de quién es el avión que hasta mayo pasado, cuando se conoció la historia de que, el por entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, usaba un Lear Jet como si fuera propio.
La empresa Aerorutas, es, según los investigadores del caso, la que volaba el avión de licencia N786YA que desde febrero pasado hasta mayo usó Jaime para realizar viajes dentro del país y hacia Brasil. Y el gestor de ese manejo del avión es el piloto y empresario Gustavo Carmona, quien luego de la feria judicial pasará seguramente por los Tribunales de Comodoro Py.
En la causa que tiene Bonadio, junto al fiscal federal Guillermo Marijuán, se investiga una serie de viajes que realizó Jaime y que fueron pagados por empresas que debían ser controladas por el secretario de Transporte. En ese expediente hubo varias declaraciones de los pilotos que volaron el avión que usaba Jaime.
Varios de ellos declararon que llevaron al es secretario de Transporte.
Uno de ellos fue Luis Tantessio. Pero no fue el único. En Tribunales recuerdan el modo en que uno de los pilotos que durante la declaración no recordaba muchos detalles, luego de la cercanía de las esposas, y un largo momento de reflexión, tuvo un rapto de memoria y explicó quiénes eran los pasajeros de los vuelos.
Algunos pilotos han declarado que en el momento de realizar los viajes no sabían que uno de los pasajeros era Jaime, pero que, luego de que estallara el escándalo y con las fotos de Jaime en todos lados, lo recordaron.
Otro juez federal investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito. Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo quieren saber cómo hizo Jaime para viajar en ese avión. Y en esa causa también hubo algunos avances.
La empresa Aerorutas, es, según los investigadores del caso, la que volaba el avión de licencia N786YA que desde febrero pasado hasta mayo usó Jaime para realizar viajes dentro del país y hacia Brasil. Y el gestor de ese manejo del avión es el piloto y empresario Gustavo Carmona, quien luego de la feria judicial pasará seguramente por los Tribunales de Comodoro Py.
En la causa que tiene Bonadio, junto al fiscal federal Guillermo Marijuán, se investiga una serie de viajes que realizó Jaime y que fueron pagados por empresas que debían ser controladas por el secretario de Transporte. En ese expediente hubo varias declaraciones de los pilotos que volaron el avión que usaba Jaime.
Varios de ellos declararon que llevaron al es secretario de Transporte.
Uno de ellos fue Luis Tantessio. Pero no fue el único. En Tribunales recuerdan el modo en que uno de los pilotos que durante la declaración no recordaba muchos detalles, luego de la cercanía de las esposas, y un largo momento de reflexión, tuvo un rapto de memoria y explicó quiénes eran los pasajeros de los vuelos.
Algunos pilotos han declarado que en el momento de realizar los viajes no sabían que uno de los pasajeros era Jaime, pero que, luego de que estallara el escándalo y con las fotos de Jaime en todos lados, lo recordaron.
Otro juez federal investiga a Jaime por enriquecimiento ilícito. Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo quieren saber cómo hizo Jaime para viajar en ese avión. Y en esa causa también hubo algunos avances.
14/07/09
Raimundi en PYP
El diputado Carlos Raimundi festejó la permanencia de Gimnasia en Primera con nosotros y recordó cómo lloró junto a su hijo cuando su equipo hizo el tercer gol contra Rafaela.
13/07/09
Artear S.A apeló el archivo de la investigación por la interferencia de los satélites
La empresa Artear S.A. apeló, en un escrito de tres carillas, la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, mediante la que se archivó la investigación sobre las interferencias sufridas por los satélites que el Grupo Clarín utiliza para las transmisiones de sus medios audiovisuales.
Marínez De Giorgi había archivado el caso por inexistencia de delito, luego de la presentación realizada en el expediente de un abogado que representa a la filial argentina de la empresa Intelsat, que provee del servicio satelital a Artear S. A.
La apelación está firmada por Alejandro Pérez Chada y Osvaldo Juan Tevez y plantea que el archivo decidido por el juez federal “resulta -cuanto menos- prematuro”. Los abogados señalaron que “hasta el momento no se ha podido establecer ni individualizar en la causa a la empresa o persona que efectivamente originó las interferencias que impidieron que puedan recepcionarse correctamente las señales televisivas y radiofónicas de Artear los días 24, 25 y 26 de abril y el 5 de mayo del corriente año”.
En el expediente, la Justicia le pidió al abogado Emilio Beccar Varela que representa en Argentina de la firma “Southern Satellite Corp” subsidiaria de la empresa “Intelsat”, que presentara un informe sobre lo sucedido con los satélites del Grupo Clarín. Y Beccar Varela dijo que las interferencias fueron realizadas de forma “inintencional” por un “respetable cliente” de la firma.
En la presentación de la apelación Artear S. A solicita que se profundice la investigación para poder llegar a determinar quién realizó las interferencias y por qué motivo.
Calificaron a lo decidido por el juez como “intempestivo, apresurado y desajustado a derecho” y prometieron más argumentos que llevarán a la Cámara Federal. Es precisamente ese Tribunal el que ahora debe decidir cómo sigue el caso de las interferencias a los satélites del Grupo Clarín.
Marínez De Giorgi había archivado el caso por inexistencia de delito, luego de la presentación realizada en el expediente de un abogado que representa a la filial argentina de la empresa Intelsat, que provee del servicio satelital a Artear S. A.
La apelación está firmada por Alejandro Pérez Chada y Osvaldo Juan Tevez y plantea que el archivo decidido por el juez federal “resulta -cuanto menos- prematuro”. Los abogados señalaron que “hasta el momento no se ha podido establecer ni individualizar en la causa a la empresa o persona que efectivamente originó las interferencias que impidieron que puedan recepcionarse correctamente las señales televisivas y radiofónicas de Artear los días 24, 25 y 26 de abril y el 5 de mayo del corriente año”.
En el expediente, la Justicia le pidió al abogado Emilio Beccar Varela que representa en Argentina de la firma “Southern Satellite Corp” subsidiaria de la empresa “Intelsat”, que presentara un informe sobre lo sucedido con los satélites del Grupo Clarín. Y Beccar Varela dijo que las interferencias fueron realizadas de forma “inintencional” por un “respetable cliente” de la firma.
En la presentación de la apelación Artear S. A solicita que se profundice la investigación para poder llegar a determinar quién realizó las interferencias y por qué motivo.
Calificaron a lo decidido por el juez como “intempestivo, apresurado y desajustado a derecho” y prometieron más argumentos que llevarán a la Cámara Federal. Es precisamente ese Tribunal el que ahora debe decidir cómo sigue el caso de las interferencias a los satélites del Grupo Clarín.
10/07/09
Interpol busca información sobre el avión que usaba Ricardo Jaime
El juez federal Norberto Oyarbide le pidió a Interpol que le busque información sobre las sociedades radicadas en paraísos fiscales que figuran vinculadas al misterioso avión que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, usaba como si fuera suyo.
En una de las últimas medidas ordenadas por el juez que investiga a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito, se le solicitó a Interpol que recoja información sobre Elkrest Investments Limited y Pegasus Equity Investments.
El avión que Jaime usó entre febrero y mayo pasados, fue comprado en 4.083.000 dólares a fines de 2008 por la firma Pegasus Equity Investments, radicada en Costa Rica, mediante un crédito de 3.483.025 dólares otorgado por la sociedad Elkrest Investments Limited, radicada en Tórtola, en las Islas Vírgenes británicas.
El 15% restante se pagó al contado. El asesor financiero de la operación fue el Banco de Utah, Estados Unidos. Las fuentes que siguen de cerca el caso hablan de 700 mil dólares entregados en las clásicas valijas que sirvieron como adelanto y premio para el ex corredor de autos que sirvió de intermediario en la operación.
En la causa que tiene a su cargo Oyarbide, el fiscal Carlos Rívolo, pidió vía Internet la información sobre el avión a la Administración Federal de Aviación (FAA según su sigla en inglés) de los registros existentes sobre el Bombardier Lear Jet matrícula N786YA : ese documento ha sido mandado a traducir por Oyarbide para incorporar a la causa los datos recibidos e intentar descifrar qué relación hay entre las sociedades extranjeras y el ex secretario de Transportes.
Otro de los últimos informes que se sumaron al expediente es el del Comando de Regiones Aéreas, dependiente de la Fuerza Aérea, la autoridad que controla los vuelos en al Argentina.
Allí se detallan todos los vuelos que hizo el avión que Jaime usaba como si fuera suyo. La primera vez que entró ala Argentina fue en 2001, la segunda en 2008 y la primera de la etapa investigada fue el 7 de febrero. La última, el 22 de mayo pasado, horas después de que se destapara periodísticamente el caso. Según el informe de la Fuerza Aérea el avión tuvo 108 movimientos en varios aeropuertos de Argentina, Brasil y Uruguay y disfrutaron de sus comodidades 74 pasajeros.
En una de las últimas medidas ordenadas por el juez que investiga a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito, se le solicitó a Interpol que recoja información sobre Elkrest Investments Limited y Pegasus Equity Investments.
El avión que Jaime usó entre febrero y mayo pasados, fue comprado en 4.083.000 dólares a fines de 2008 por la firma Pegasus Equity Investments, radicada en Costa Rica, mediante un crédito de 3.483.025 dólares otorgado por la sociedad Elkrest Investments Limited, radicada en Tórtola, en las Islas Vírgenes británicas.
El 15% restante se pagó al contado. El asesor financiero de la operación fue el Banco de Utah, Estados Unidos. Las fuentes que siguen de cerca el caso hablan de 700 mil dólares entregados en las clásicas valijas que sirvieron como adelanto y premio para el ex corredor de autos que sirvió de intermediario en la operación.
En la causa que tiene a su cargo Oyarbide, el fiscal Carlos Rívolo, pidió vía Internet la información sobre el avión a la Administración Federal de Aviación (FAA según su sigla en inglés) de los registros existentes sobre el Bombardier Lear Jet matrícula N786YA : ese documento ha sido mandado a traducir por Oyarbide para incorporar a la causa los datos recibidos e intentar descifrar qué relación hay entre las sociedades extranjeras y el ex secretario de Transportes.
Otro de los últimos informes que se sumaron al expediente es el del Comando de Regiones Aéreas, dependiente de la Fuerza Aérea, la autoridad que controla los vuelos en al Argentina.
Allí se detallan todos los vuelos que hizo el avión que Jaime usaba como si fuera suyo. La primera vez que entró ala Argentina fue en 2001, la segunda en 2008 y la primera de la etapa investigada fue el 7 de febrero. La última, el 22 de mayo pasado, horas después de que se destapara periodísticamente el caso. Según el informe de la Fuerza Aérea el avión tuvo 108 movimientos en varios aeropuertos de Argentina, Brasil y Uruguay y disfrutaron de sus comodidades 74 pasajeros.
08/07/09
Revés en Tribunales para el secretario Guillermo Moreno
Mario Guillermo Moreno, secretario de Comercio y más conocido como "el Napia", sufrió un revés judicial. El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la presidenta del Centro de Educación al Consumidor, y columnista de radio Continental, Susana Andrada, en un caso de injurias que le había iniciado el funcionario público.
Moreno había denunciado a Andrada en noviembre de 2007 porque consideró que en diversas columnas y declaraciones, lo había difamado con la intención de desacreditarlo.
Por aquel entonces Andrada había dicho que "había recibido amenazas, persecusiones y extorsiones" de parte de Moreno. "Me intimidaba, me decía que mejor que no me meta con cosas que me podía pasar algo", contó Andrada por varios medios en octubre de 2007.
Vale la pena recordar que esa situación se había dado en el marco de las denuncias sobre manipulación de las cifras del INDEC, organismo que sigue bajo la conducción política de Moreno.
En la querella, Moreno señaló que Andrada había hablado de cuestiones personalísimas que no estaban relacionadas con la función pública.
En una resolución en la que el juez explicó que se entabló una disputa entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, Ercolini decidió sobreseer a Andrada.
El juez citó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al jurista Javier Augusto De Luca, para respaldar su decisión.
Ercolini advirtió al resolver el caso, que no debía soslayarse que Moreno es funcionario público. Y en su resolución se refirió a otro expediente similar que tuvo en el juzgado en el que había dicho que "un funcionario público debe cargar con el deber de soportar, dada la función para la que fue investido, críticas de elevada magnitud".
"Ello así -continuó Ercolini- ya que en una sociedad democrática los funcionarios se exponen voluntariamente al escrutino y a la crítica del público, sus actividades salen del dominio privado para insertarse en la esfera de debate público. A ello debe agregarse, como un estándar de mayor exigencia, el grado de discusión pública que puede generar tal o cual política y también el de exposición voluntaria del funcionario responsable del área, y en este caso en particular, al querellante -Moreno- le ha tocado afrontar la Secretaría de Comercio con un altísimo nivel de notoriedad".
"Además, dijo Ercolini-las expresiones-de Andrada- cuestionadas-por Moreno- aludían a un tema que tenía absoluta actualidad en el momento de la denuncia(índices de precios comunicados por el INDEC) y que era objeto de numerosos debates en todos los medios de comunicación, que hasta la fecha no han terminado."
Para el juez, Susana Andrada "ejerció su derecho de informar y emitir una opinión crítica sobre la actuación de un funcionario público, en un tema de gran trascendencia pública".
Ercolini sostuvo que las opiniones de Andrada no estaban dirigidas exclusivamente a menoscabar la persona de Moreno sino que se referían a lo atinente a su función como Secretario de Comercio Interior y su vinculación con el INDEC.
El juez señaló que los dichos de Andrada quedaron "dentro del ámbito de la libertad de expresión" y decidió sobreseerla.
Moreno había denunciado a Andrada en noviembre de 2007 porque consideró que en diversas columnas y declaraciones, lo había difamado con la intención de desacreditarlo.
Por aquel entonces Andrada había dicho que "había recibido amenazas, persecusiones y extorsiones" de parte de Moreno. "Me intimidaba, me decía que mejor que no me meta con cosas que me podía pasar algo", contó Andrada por varios medios en octubre de 2007.
Vale la pena recordar que esa situación se había dado en el marco de las denuncias sobre manipulación de las cifras del INDEC, organismo que sigue bajo la conducción política de Moreno.
En la querella, Moreno señaló que Andrada había hablado de cuestiones personalísimas que no estaban relacionadas con la función pública.
En una resolución en la que el juez explicó que se entabló una disputa entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, Ercolini decidió sobreseer a Andrada.
El juez citó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al jurista Javier Augusto De Luca, para respaldar su decisión.
Ercolini advirtió al resolver el caso, que no debía soslayarse que Moreno es funcionario público. Y en su resolución se refirió a otro expediente similar que tuvo en el juzgado en el que había dicho que "un funcionario público debe cargar con el deber de soportar, dada la función para la que fue investido, críticas de elevada magnitud".
"Ello así -continuó Ercolini- ya que en una sociedad democrática los funcionarios se exponen voluntariamente al escrutino y a la crítica del público, sus actividades salen del dominio privado para insertarse en la esfera de debate público. A ello debe agregarse, como un estándar de mayor exigencia, el grado de discusión pública que puede generar tal o cual política y también el de exposición voluntaria del funcionario responsable del área, y en este caso en particular, al querellante -Moreno- le ha tocado afrontar la Secretaría de Comercio con un altísimo nivel de notoriedad".
"Además, dijo Ercolini-las expresiones-de Andrada- cuestionadas-por Moreno- aludían a un tema que tenía absoluta actualidad en el momento de la denuncia(índices de precios comunicados por el INDEC) y que era objeto de numerosos debates en todos los medios de comunicación, que hasta la fecha no han terminado."
Para el juez, Susana Andrada "ejerció su derecho de informar y emitir una opinión crítica sobre la actuación de un funcionario público, en un tema de gran trascendencia pública".
Ercolini sostuvo que las opiniones de Andrada no estaban dirigidas exclusivamente a menoscabar la persona de Moreno sino que se referían a lo atinente a su función como Secretario de Comercio Interior y su vinculación con el INDEC.
El juez señaló que los dichos de Andrada quedaron "dentro del ámbito de la libertad de expresión" y decidió sobreseerla.
Tres problemas judiciales de Jorge Coscia
El designado secretario de Cultura de la Nación, Jorge Edmundo Coscia, tiene tres expedientes judiciales abiertos debido a su paso como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también por el crecimiento de su patrimonio.
Los jueces federales Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio investigan dos casos de administración fraudulenta en su paso como presidente del INCAA y el incremento de sus bienes mientras fue funcionario público.
Bonadio tiene a cargo uno de los casos por desarreglos administrativos en el INCAA. La Justicia investiga a todos los presidentes del Instituto desde 2000 a 2007 por entrega de subsidios.
Coscia estuvo allí desde 2002 hasta que en 2005 asumió como diputado nacional por el kirchnerismo. En el expediente que tiene Bonadio se investigan 189 subsidios llamados J-3, que el presidente del organismo otorgaba discrecionalmente para solventar el 50 por ciento de los costos de algunos filmes. El avance del caso ha demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos y se controlaban poco. El dinero que daba el INCAA no tenía que ser devuelto, a diferencia de otros subsidios.
Los montos de las películas oscilaban entre los 300 y 600 mil pesos. Hasta ahora se ha demostrado que de los 189 expedientes de subsidios otorgados, tan solo en 4 casos se hizo una evaluación artística previa a firmar el acuerdo de coproducción. En un caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos. Sólo en un expediente hubo intervención jurídica previa al contrato de coproducción. Y en 3 hubo intervención de otros sectores administrativos del INCAA, esto, para los investigadores es un indicio del grado de arbitrariedad con que se daban los 3-J
En 79 expedientes hubo rendición de cuentas. En 110 no se justificó ni un peso de los gastos.
Con los subsidios 3-J se hicieron películas de directores jóvenes, de organizaciones sociales y de reconocidas productoras. Algunas tuvieron repercusión. Algunas pasaron inadvertidas, tan inadvertidas que no se sabe si se terminaron. La Justicia determinó que solamente en 68 de los 189 casos, hay constancias firmadas de que las películas fueron terminadas.
Uno de los presidentes del INCAA que firmó esos subsidios es ahora Secretario de Cultura de la Nación.
Pero esa cuenta no es la única pendiente que tiene Coscia en la Justicia. Oyarbide lo sobreseyó el 2 de junio pasado en la investigación por el manejo de los fondos del INCAA y archivó el expediente de enriquecimiento ilícito.
Según fuentes judiciales, el caso de enriquecimiento ilícito se archivó porque la Oficina Anticorrupción (OA) no intimó a Coscia para que justificara sus bienes. El caso no está cerrado, quedó latente a la espera de nuevas pruebas. El hecho de que Coscia siga siendo funcionario público, conspira contra el cierre de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Ante el sobreseimiento de Oyarbide, el fiscal federal Eduardo Taiano presentó una apelación por considerar lo decidido por el juez, como prematuro. En su apelación, firmada el 5 de junio pasado, Taiano señala que el juez no tuvo en cuenta los informes de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que fueron críticos de la actuación administrativa de Coscia en el INCAA.
El fiscal pide que no se cierre el caso porque, entre otras cosas, falta recabar algunas pruebas, sobre "compras, contrataciones, subsidios y créditos, para determinar los montos de dinero involucrados en las irregularidades detectadas por la SIGEN y la AGN".
Los informes de los organismos de control fueron contundentes a la hora de marcar irregularidades en el modo en que Coscia manejó los fondos del INCAA. El fiscal quiere que se siga investigando. Ahora tiene la palabra la Sala I de la Cámara Federal.
Mientras tanto, Coscia asume como Secretario de Cultura.
Los jueces federales Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio investigan dos casos de administración fraudulenta en su paso como presidente del INCAA y el incremento de sus bienes mientras fue funcionario público.
Bonadio tiene a cargo uno de los casos por desarreglos administrativos en el INCAA. La Justicia investiga a todos los presidentes del Instituto desde 2000 a 2007 por entrega de subsidios.
Coscia estuvo allí desde 2002 hasta que en 2005 asumió como diputado nacional por el kirchnerismo. En el expediente que tiene Bonadio se investigan 189 subsidios llamados J-3, que el presidente del organismo otorgaba discrecionalmente para solventar el 50 por ciento de los costos de algunos filmes. El avance del caso ha demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos y se controlaban poco. El dinero que daba el INCAA no tenía que ser devuelto, a diferencia de otros subsidios.
Los montos de las películas oscilaban entre los 300 y 600 mil pesos. Hasta ahora se ha demostrado que de los 189 expedientes de subsidios otorgados, tan solo en 4 casos se hizo una evaluación artística previa a firmar el acuerdo de coproducción. En un caso se hizo un estudio de evaluación previa de costos. Sólo en un expediente hubo intervención jurídica previa al contrato de coproducción. Y en 3 hubo intervención de otros sectores administrativos del INCAA, esto, para los investigadores es un indicio del grado de arbitrariedad con que se daban los 3-J
En 79 expedientes hubo rendición de cuentas. En 110 no se justificó ni un peso de los gastos.
Con los subsidios 3-J se hicieron películas de directores jóvenes, de organizaciones sociales y de reconocidas productoras. Algunas tuvieron repercusión. Algunas pasaron inadvertidas, tan inadvertidas que no se sabe si se terminaron. La Justicia determinó que solamente en 68 de los 189 casos, hay constancias firmadas de que las películas fueron terminadas.
Uno de los presidentes del INCAA que firmó esos subsidios es ahora Secretario de Cultura de la Nación.
Pero esa cuenta no es la única pendiente que tiene Coscia en la Justicia. Oyarbide lo sobreseyó el 2 de junio pasado en la investigación por el manejo de los fondos del INCAA y archivó el expediente de enriquecimiento ilícito.
Según fuentes judiciales, el caso de enriquecimiento ilícito se archivó porque la Oficina Anticorrupción (OA) no intimó a Coscia para que justificara sus bienes. El caso no está cerrado, quedó latente a la espera de nuevas pruebas. El hecho de que Coscia siga siendo funcionario público, conspira contra el cierre de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Ante el sobreseimiento de Oyarbide, el fiscal federal Eduardo Taiano presentó una apelación por considerar lo decidido por el juez, como prematuro. En su apelación, firmada el 5 de junio pasado, Taiano señala que el juez no tuvo en cuenta los informes de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que fueron críticos de la actuación administrativa de Coscia en el INCAA.
El fiscal pide que no se cierre el caso porque, entre otras cosas, falta recabar algunas pruebas, sobre "compras, contrataciones, subsidios y créditos, para determinar los montos de dinero involucrados en las irregularidades detectadas por la SIGEN y la AGN".
Los informes de los organismos de control fueron contundentes a la hora de marcar irregularidades en el modo en que Coscia manejó los fondos del INCAA. El fiscal quiere que se siga investigando. Ahora tiene la palabra la Sala I de la Cámara Federal.
Mientras tanto, Coscia asume como Secretario de Cultura.
07/07/09
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Presos por esclavizar mujeres
La Sala II de la Cámara Federal decidió que dos ciudadanos bolivianos que trajeron tres chicas engañadas a Buenos Aires para someterlas a condiciones de esclavitud, queden detenidos mientras dura el proceso porque pueden llegar a fugarse.
Por dos votos a uno los camaristas Martín Irurzún y Horacio Cattani, con la disidencia de Eduardo Farah determinaron que Elena Puchuile Llave y su esposo Felipe Koragua permanezcan detenidos debido a la gravedad del delito por el que fueron procesados por el juez federal Norberto Oyarbide.
El matrimonio trajo desde Bolivia tres jóvenes con la promesa de trabajo pero fueron sometidas a un régimen de explotación, sin sueldo, con una jornada laboral de 19 horas y con la imposibilidad de salir del país debido a que les retuvieron los documentos.
En mayo pasado Oyarbide procesó a los dos bolivianos luego de una investigación que realizaron varios organismos del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
Por dos votos a uno los camaristas Martín Irurzún y Horacio Cattani, con la disidencia de Eduardo Farah determinaron que Elena Puchuile Llave y su esposo Felipe Koragua permanezcan detenidos debido a la gravedad del delito por el que fueron procesados por el juez federal Norberto Oyarbide.
El matrimonio trajo desde Bolivia tres jóvenes con la promesa de trabajo pero fueron sometidas a un régimen de explotación, sin sueldo, con una jornada laboral de 19 horas y con la imposibilidad de salir del país debido a que les retuvieron los documentos.
En mayo pasado Oyarbide procesó a los dos bolivianos luego de una investigación que realizaron varios organismos del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
05/07/09
Un final gris
Fue un final gris. Sin nada de brillo. La definición emotiva y bien jugada que se esperaba fue una muestra más de lo bajo que está el fútbol local. El equipo que se había destacado por el buen juego y el manejo de la pelota con irreverencia se metió atrás a esperar al Campeón picapiedras. Finalmente en una jugada en la que le hicieron falta al arquero de Huracán, Vélez consiguió el gol del campeonato. Luego escondieron las pelotas para hacer tiempo. Todo terminó como correspondía.
03/07/09
Extorsionador procesado por hacerse pasar por funcionario público
Por Omar Lavieri
El juez Norberto Oyarbide procesó a Francisco Domingo Astorino, el extorsionador que se hacía pasar por funcionario público para pedir dinero a comerciantes que tienen sus negocios en terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos. Astorino simulaba ser personal de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y pedía unos miles de pesos por no clausurar comercios con permisos provisorios para funcionar en terrenos estatales.
El caso Astorino se conoció la semana pasada. El hombre se presentaba en los terrenos fiscales con una camioneta que tenía inscripciones de ONABE-ADIF-PRESIDENCIA DE LA NACION y además de sus credenciales, mostraba en una computadora, las fotos que tenía con la Presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Gabinete, Sergio Massa, para impresionar a sus extorsionados. Cuando la policía le allanó su casa y su oficina, halló fajas de clausura, hojas membretadas y algunos papales más que lo podían llegar a hacer pasar por funcionario.
En su declaración indagatoria ante la Justicia, Astorino negó las acusaciones de los comerciantes y dijo que su jefe era "Lucas Olazagasti, hermano de José María Olazagasti, secretario del Ministro Julio De Vido y de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner". También dijo que "Lucas Olazagasti lo mandaba a hacer un montón de tareas, una de ellas era el relevamiento de la estación de trenes Tolosa, que pertenecen al Estado Nacional". Cuando alguien dice Olazagasti, nombra a una de las familias "pingüinas" puras. Olazagasti significa Kirchner y De Vido.
Cuando le preguntaron cómo había conseguido las credenciales de la ADIF que usaba en los "operativos", señaló a "Ricardo y Claudio "-no recordaba los apellidos- como quienes se las habían otorgado. A ellos los describió como "la mano derecha de Lucas Olazagasti".
Astorino que presidía la empresa Asfra y Cía dijo ante el juez que a Lucas Olazagasti lo iba a visitar "al sexto piso" del Ministerio de Planificación y que por su trabajo "no tenía un sueldo fijo, sino que le daban la plata que Olazagasti creía necesaria".
En los allanamientos también le encontraron una credencial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que, dijo, se la había dado "un diputado provincial, hace mucho tiempo".
A Astorino lo denunciaron cuatro comerciantes. Uno de Tomás Jofré, otro de Isidro Casanova y dos de Palomar.
Uno de los denunciantes llevó su queja a la ADIF que, unos días después, se presentó ante la Justicia, para que se investigue al falso influyente. Quienes conocen la interna de algunos organismos estatales señalan que la recientemente creada ADIF se quedó con el control de los terrenos ferroviarios que antes tenía ONABE. Y que el caso Astorino puede ser un "efecto residual" de la anterior situación.
Astorino estuvo detenido unos días. En el mismo momento que firmó su procesamiento por dos extorsiones consumadas y dos tentativas, Oyarbide lo dejó en libertad. Astorino pasó las elecciones en la cárcel. Y debe presentarse ante la Justicia cada diez días.
Lo que comenzó como el caso de un simple extorsionador que se hacía pasar por funcionario público, amenaza con rozar a más de un importante kirchnerista.
Astorino en Olivos con CFK.
El juez Norberto Oyarbide procesó a Francisco Domingo Astorino, el extorsionador que se hacía pasar por funcionario público para pedir dinero a comerciantes que tienen sus negocios en terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos. Astorino simulaba ser personal de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y pedía unos miles de pesos por no clausurar comercios con permisos provisorios para funcionar en terrenos estatales.
El caso Astorino se conoció la semana pasada. El hombre se presentaba en los terrenos fiscales con una camioneta que tenía inscripciones de ONABE-ADIF-PRESIDENCIA DE LA NACION y además de sus credenciales, mostraba en una computadora, las fotos que tenía con la Presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Gabinete, Sergio Massa, para impresionar a sus extorsionados. Cuando la policía le allanó su casa y su oficina, halló fajas de clausura, hojas membretadas y algunos papales más que lo podían llegar a hacer pasar por funcionario.
En su declaración indagatoria ante la Justicia, Astorino negó las acusaciones de los comerciantes y dijo que su jefe era "Lucas Olazagasti, hermano de José María Olazagasti, secretario del Ministro Julio De Vido y de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner". También dijo que "Lucas Olazagasti lo mandaba a hacer un montón de tareas, una de ellas era el relevamiento de la estación de trenes Tolosa, que pertenecen al Estado Nacional". Cuando alguien dice Olazagasti, nombra a una de las familias "pingüinas" puras. Olazagasti significa Kirchner y De Vido.
Cuando le preguntaron cómo había conseguido las credenciales de la ADIF que usaba en los "operativos", señaló a "Ricardo y Claudio "-no recordaba los apellidos- como quienes se las habían otorgado. A ellos los describió como "la mano derecha de Lucas Olazagasti".
Astorino que presidía la empresa Asfra y Cía dijo ante el juez que a Lucas Olazagasti lo iba a visitar "al sexto piso" del Ministerio de Planificación y que por su trabajo "no tenía un sueldo fijo, sino que le daban la plata que Olazagasti creía necesaria".
En los allanamientos también le encontraron una credencial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que, dijo, se la había dado "un diputado provincial, hace mucho tiempo".
A Astorino lo denunciaron cuatro comerciantes. Uno de Tomás Jofré, otro de Isidro Casanova y dos de Palomar.
Uno de los denunciantes llevó su queja a la ADIF que, unos días después, se presentó ante la Justicia, para que se investigue al falso influyente. Quienes conocen la interna de algunos organismos estatales señalan que la recientemente creada ADIF se quedó con el control de los terrenos ferroviarios que antes tenía ONABE. Y que el caso Astorino puede ser un "efecto residual" de la anterior situación.
Astorino estuvo detenido unos días. En el mismo momento que firmó su procesamiento por dos extorsiones consumadas y dos tentativas, Oyarbide lo dejó en libertad. Astorino pasó las elecciones en la cárcel. Y debe presentarse ante la Justicia cada diez días.
Lo que comenzó como el caso de un simple extorsionador que se hacía pasar por funcionario público, amenaza con rozar a más de un importante kirchnerista.
Astorino en Olivos con CFK.
02/07/09
Tiene Jefe la Policía Metropolitana
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, designó Jefe de la Policía Metropolitana a Jorge Alberto Palacios, ex policía Federal más conocido como "El Fino".
Schiavi igual que Jaime
El nuevo secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, está en similares condiciones que su reemplazado, Ricardo Jaime: los dos están imputados en la misma causa judicial en la que se investiga si recibieron dádivas.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció a Jaime por haber utilizado aviones privados cuyos alquileres fueron pagados una empresa del área del transporte.
Y en uno de esos vuelos estuvo, entre otros funcionarios, Schiavi.
El actual secretario de Transporte fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan al igual que Jaime y, por ejemplo, Ricardo Cirielli. El caso está en manos del juez federal Claudio Bonadio quien ha realizado varias medidas de prueba para intentar dilucidar quién pagaba los vuelos. Pero además el juez, también investiga el caso del avión que Jaime usaba como propio. Según fuentes judiciales, declararon varios pilotos de aviones de alquiler frente a Bonadio, y uno de ellos reconoció haber llevado como pasajero Jaime en el avión de matrícula estadounidense N786YA.
Pero el avión del ex secretario de Transporte también es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien quiere saber si Jaime se ha enriquecido ilícitamente. El fiscal de este caso es Carlos Rívolo quien pidió diversas medidas de prueba que ya se han realizado. El 18 de junio pasado Oyarbide solicitó varias cosas:
-Que la empresa Bombardier de EE.UU informe de quién es el avión y cómo se pagó.
-Que el Banco de Utah que figura en la operación de compra, envíe toda la información.
-Que el Aeropuerto de Ezeiza informe destinos y bases del avión y las tripulaciones que lo volaron.
-Que la Fuerza Aérea Argentina brinde datos del avión
- Que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informe sobre los vuelos que hizo esa nave desde Córdoba
-Que la Federal Aviation Administration de EE.UU, envíe el expediente del avión.
Además el juez Oyarbide dictó "órdenes de presentación" (una instancia cercana al allanamiento) a varias empresas de alquiler de aviones para que brinden información de la nave que usaba Jaime como propio.
- Que el Aeropuerto de San Fernando envíe datos sobre el avión.
Según fuentes judiciales, la Fuerza Aérea envió un informe de los vuelos que realizó el Bombardier que se le atribuye a Jaime. Unos 50 vuelos fueron realizados en los primeros meses de este año.
El ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció a Jaime por haber utilizado aviones privados cuyos alquileres fueron pagados una empresa del área del transporte.
Y en uno de esos vuelos estuvo, entre otros funcionarios, Schiavi.
El actual secretario de Transporte fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan al igual que Jaime y, por ejemplo, Ricardo Cirielli. El caso está en manos del juez federal Claudio Bonadio quien ha realizado varias medidas de prueba para intentar dilucidar quién pagaba los vuelos. Pero además el juez, también investiga el caso del avión que Jaime usaba como propio. Según fuentes judiciales, declararon varios pilotos de aviones de alquiler frente a Bonadio, y uno de ellos reconoció haber llevado como pasajero Jaime en el avión de matrícula estadounidense N786YA.
Pero el avión del ex secretario de Transporte también es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien quiere saber si Jaime se ha enriquecido ilícitamente. El fiscal de este caso es Carlos Rívolo quien pidió diversas medidas de prueba que ya se han realizado. El 18 de junio pasado Oyarbide solicitó varias cosas:
-Que la empresa Bombardier de EE.UU informe de quién es el avión y cómo se pagó.
-Que el Banco de Utah que figura en la operación de compra, envíe toda la información.
-Que el Aeropuerto de Ezeiza informe destinos y bases del avión y las tripulaciones que lo volaron.
-Que la Fuerza Aérea Argentina brinde datos del avión
- Que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informe sobre los vuelos que hizo esa nave desde Córdoba
-Que la Federal Aviation Administration de EE.UU, envíe el expediente del avión.
Además el juez Oyarbide dictó "órdenes de presentación" (una instancia cercana al allanamiento) a varias empresas de alquiler de aviones para que brinden información de la nave que usaba Jaime como propio.
- Que el Aeropuerto de San Fernando envíe datos sobre el avión.
Según fuentes judiciales, la Fuerza Aérea envió un informe de los vuelos que realizó el Bombardier que se le atribuye a Jaime. Unos 50 vuelos fueron realizados en los primeros meses de este año.
01/07/09
Chau Gordo
Una de las tantas cosas buenas que me pasaron durante los años que trabajé en Clarín fue haber conocido al Gran Oscar Raúl Cardoso, el Gordo. Fue, según mi modesto entender, el primer periodista moderno. Hace 18 años, cuando lo conocí, él ya estaba avanzado en el Siglo XXI. Era una lector incansable, llevaba no menos de tres o cuatro libros entre sus petates. Amaba su profesión y la criticaba con acidez y precisión. Era de Boca y fumaba sin parar. Recuerdo con cariño que alguna vez llevó los primeros CD players a la redacción y me ofreció compartir su música. Se murió un buen tipo y un gran periodista. Los que lo leíamos habitualmente en Clarín, lo vamos a extrañar. Y los que tuvimos el orgullo de recibir alguna vez uno de sus sabios consejos, mucho más todavía.
A juicio oral por intentar coimear a un diputado kirchnerista
Dos hombres ligados al negocio de los tickets canasta tendrán que afrontar un Juicio Oral y Público por haber intentado sobornar al diputado kirchnerista, Héctor Recalde. Le ofrecieron hasta 20 millones de dólares a cambio de modificar un proyecto de Ley que afectaba los intereses de las principales empresas del sector.
El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid cerró la investigación y firmó la elevación a juicio del caso que comenzó allá por noviembre de 2007.
Santiago Lynch y Miguel Gutiérrez Guido Spano fueron denunciados por el diputado Recalde debido a que le habían ofrecido diferentes montos de dinero para que, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, favoreciera los intereses de las empresas que se dedican a la comercialización de tickets que se pagaban como parte del salario pero esos montos no eran incluidos en los beneficios a los trabajadores. Actualmente y luego de dictada la Ley 26.341, esos montos se incorporan al salario en un diez por ciento bimestral.
Los representantes de los intereses de las empresas de tickets, le había ofrecido a Recalde, en conversaciones que mantuvieron con su hijo Mariano, tres tipos de pagos. Uno menor por cajonear el proyecto de Ley, un mediano por mantener el carácter no remunerativo de los tickets y uno monto de 20 millones de dólares si se determinaba la obligatoriedad de entregar tickets a los trabajadores con un salario menor a 2.000 pesos.
Las ofertas de coimas fueron grabadas en video y para la Justicia sirvieron como pruebas. Ahora queda fijar fecha para el juicio y mostrar públicamente como un grupo empresarial intentó comprar la voluntad de un legislador.
El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid cerró la investigación y firmó la elevación a juicio del caso que comenzó allá por noviembre de 2007.
Santiago Lynch y Miguel Gutiérrez Guido Spano fueron denunciados por el diputado Recalde debido a que le habían ofrecido diferentes montos de dinero para que, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, favoreciera los intereses de las empresas que se dedican a la comercialización de tickets que se pagaban como parte del salario pero esos montos no eran incluidos en los beneficios a los trabajadores. Actualmente y luego de dictada la Ley 26.341, esos montos se incorporan al salario en un diez por ciento bimestral.
Los representantes de los intereses de las empresas de tickets, le había ofrecido a Recalde, en conversaciones que mantuvieron con su hijo Mariano, tres tipos de pagos. Uno menor por cajonear el proyecto de Ley, un mediano por mantener el carácter no remunerativo de los tickets y uno monto de 20 millones de dólares si se determinaba la obligatoriedad de entregar tickets a los trabajadores con un salario menor a 2.000 pesos.
Las ofertas de coimas fueron grabadas en video y para la Justicia sirvieron como pruebas. Ahora queda fijar fecha para el juicio y mostrar públicamente como un grupo empresarial intentó comprar la voluntad de un legislador.
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