Tres adolescentes bolivianas fueron traídas con la esperanza de conseguir empleo en la Argentina y fueron sometidas a la esclavitud. Es un caso que sucede a menudo, pero solamente a veces se descubre y los responsables son castigados. Roberta, Jesica y Miriam eran vendedoras ambulantes en Sucre, Bolivia. Allí las reclutó su compatriota Elena Puchuile Llave, quién les pagó el traslado y les ofreció 800 pesos bolivianos de sueldo, algo así como 400 pesos argentinos. Ellas aceptaron pero la realidad fue bien distinta. Trabajaban desde las 3AM hasta las 10 PM. Eran llevadas al Mercado de Avellaneda a comprar fruta en horas de la madrugada y luego atendían en verdulerías del barrio de Monserrat hasta entrada la noche. Sin francos, sin sueldo y con maltrato. Les habían quitado los documentos, les descontaban del salario prometido los gastos del traslado desde Bolivia, la comida, el "alojamiento" y vestimenta y finalmente no cobraban nada. Comían tan solo en la cena y además de trabajar en verdulerías de supermercados chinos, hacían tareas de limpieza en la casa de sus "empleadores".
El juez federal Norberto Oyarbide procesó con prisión preventiva hace unos días a Puchuile Llave y su esposo, Felipe Koragua por el delito de captación de personas y explotación, que prevé una pena de 10 a 15 años de prisión. La investigación la llevó adelante la División Trata de Personas de la Policía Federal y la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia. Mientras investigaban se encontraron con inspectores del Gobierno de la Ciudad que buscaban menores explotadas. Es decir que funcionaron varias áreas de diferentes administraciones y la Justicia. En estos momentos hay dos esclavistas presos y tres adolescentes que recuperaron la libertad que les habían quitado con la promesa de un trabajo digno.
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