El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido denunció a los dueños de la empresa kirchnerista Electroingeniería y a los funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, por irregularidades en detectadas en la ejecución y financiamiento de las obras de ampliación de la red de Transporte Alta Tensión Patagónica que originalmente comprendía la línea de interconexión de Choele Choel a Puerto Madryn y que luego se extendió hasta Pico Truncado. La interconexión eléctrica generó un informe de la Auditoría General de la Nación que, cuando fue dado a conocer levantó una enorme polémica. La investigación de Garrido determinó que hubo sobreprecios, que la Secretaría de Energía no controló la obra, entre otras irregularidades. Los delitos que halló Garrido son los de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pero a raíz de la divulgación en la prensa de ese informe de la AGN, se generó una discusión dentro de la Auditoría acerca de las facultades que Garrido para recibir los informe preliminares que se realiza en el organismo de control. En medio de una disputa entre los auditores, le enviaron una carta al Procurador General de la Nación, y jefe de Garrido, Esteban Righi. Esa carta, según una investigación que hizo el propio Garrido, sería falsa. Garrido los denunció por falsedad y de usurpación de funciones públicas y desobediencia a las autoridades.
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